BBC News Mundo(P.Carvalho) — Más de medio siglo después de la desaparición del diputado federal Rubens Paiva durante la dictadura militar, uno de los episodios más emblemáticos de violaciones de derechos humanos en la historia de Brasil, el país revisa el caso en varios frentes en busca de respuestas.
En el cine, Ainda Estou Aqui («Aún estoy aquí»), película de Walter Salles inspirada en el libro homónimo de Marcelo Rubens Paiva, hijo del congresista, que se convirtió en un éxito de taquilla y crítica, retrata el impacto de la pérdida de Paiva en su esposa, Eunice, y sus cinco hijos en Río de Janeiro en la década de 1970, durante los anos de chumbo (años de plomo, como se conoce a los peores años de la dictadura en Brasil).
El filme brasileño ganó este domingo el Oscar a mejor película internacional, el primer galardón de la Academia para Brasil, y aspira además a las estatuillas por mejor película y mejor actriz para Fernanda Torres, que ya ganó el Globo de Oro el pasado enero.
Mientras tanto, el gobierno federal reabrió una investigación sobre el caso de lo que realmente le ocurrió a Rubens Paiva.
– Un caso sin fin
El diputado fue destituido y arrestado en 1971 y reportado como desaparecido. Su muerte, confirmada sólo 40 años después, sigue hasta el día de hoy sin que los responsables hayan rendido cuentas.
Esto se debe a que la denuncia sobre el caso, hecha hace una década, está en el Supremo Tribunal Federal (STF). El retraso es tal que tres de los cinco militares acusados del crimen ya han muerto.
Después de seis años sin ningún movimiento, el 24 de octubre de 2024, el ministro Alexandre de Moraes, responsable del caso, determinó que la Procuraduría General de la República debía pronunciarse sobre el fondo del asunto, informó la asesoría de prensa del tribunal a BBC News Brasil.
Este impasse está estrechamente vinculado al debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, que otorgó indultos tanto a perseguidos políticos como a agentes del Estado que cometieron delitos durante el gobierno militar.
En el centro de la cuestión está la discusión sobre si los crímenes de ese período aún pueden ser castigados y, en última instancia, la voluntad de la sociedad brasileña de afrontar uno de los períodos más violentos de su historia reciente.
Este es el núcleo de Ainda Estou Aqui, le dice Marcelo Rubens Paiva a BBC News Brasil, filme en el que su madre, Eunice, interpretada por Fernanda Torres, es presentada como una mujer obligada a reinventarse frente a la violencia estatal y a crear un nuevo futuro para su familia.
Su libro y el largometraje derivado de él proponen más que una reconstrucción histórica. Son una reflexión sobre la impunidad y la resistencia a la revisión de los crímenes cometidos durante la dictadura militar, un tema que sigue vigente y polémico en el país.
«Nuestro papel como cineastas, escritores, guionistas, gente de las artes, es decir lo que los derrotados no pueden decir», afirma el hijo del diputado.
«Mostrar, denunciar, señalar, es muy complicado en un país que sufrió un proceso tan largo de dictadura y que en la redemocratización hizo un pacto siniestro entre la sociedad civil y los torturadores».
– Por qué el caso Rubens Paiva sigue sin resolverse en el STF
Rubens Beyrodt Paiva nació en 1929, en Santos, São Paulo. Casado con Eunice Facciolla Paiva, fue padre de cinco hijos: Vera, Maria Eliana, Ana Lúcia, Marcelo y Maria Beatriz.
Licenciado en ingeniería, Paiva fue elegido diputado federal por el Partido Laborista Brasileño (PTB) en 1962.
Durante su paso por la Cámara de Diputados, destacó como relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Instituto Brasileño de Acción Democrática (IBAD), que investigó el financiamiento de grupos que conspiraron contra el gobierno de João Goulart.
Con la instalación del régimen militar, el 10 de abril de 1964, su mandato fue revocado, llevándolo al exilio en Yugoslavia.
Tras regresar a Brasil en noviembre del mismo año, Paiva se instaló con su familia en São Paulo y, posteriormente, en Río de Janeiro, en una residencia de la Avenida Delfim Moreira, en el barrio de Leblon.
Se desempeñó como director general de una empresa de ingeniería y cimentaciones, cultivando relaciones con periodistas y políticos de la oposición.
En 1971, Rubens Paiva fue secuestrado por agentes del régimen militar y, según consta en una denuncia del Ministerio Público Federal de Río de Janeiro, murió en el antiguo DOI-Codi, en Tijuca, al norte de la ciudad.
Fue durante el ejercicio de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) cuando se confirmó la muerte de Rubens Paiva.
La comisión, creada en 2012, durante el gobierno de Dilma Rousseff, tenía como objetivo investigar y documentar las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar.
La comisión confirmó y aclaró que Rubens Paiva fue torturado y asesinado en instalaciones militares.
– Los responsables
En 2014, la CNV presentó información sobre el caso de la desaparición del exdiputado Rubens Paiva.
En un informe parcial divulgado en el Archivo Nacional en Río de Janeiro, la CNV señaló al entonces teniente Antônio Fernando Hughes de Carvalho como uno de los torturadores responsables de la muerte de Paiva.
Esta revelación salió a la luz a partir del testimonio de un testigo, identificado sólo como «agente Y», quien afirmó haber visto a uno de los militares presionar al exdiputado contra una pared durante una sesión de tortura en el Destacamento de Operaciones de Información (DOI).
Según el informe, Rubens Paiva murió como consecuencia de torturas infligidas por los militares.
A pesar de nuevas evidencias, como recibos de pago que contradicen la versión de que José Antônio Nogueira Belham, comandante del DOI-Codi en la época, estaba de vacaciones durante la detención y muerte de Paiva, no se ha revelado el destino final del cuerpo del exdiputado. Aún no se ha aclarado.
Cláudio Fonteles, ex fiscal general de la República y uno de los coordinadores de la Comisión Nacional de la Verdad, explica que la negativa de las Fuerzas Armadas a abrir sus archivos, manteniendo la documentación en secreto, dificultó la investigación de los crímenes.
En este sentido, los testimonios recogidos por la comisión jugaron un papel central.
«En estos crímenes antiguos la prueba testimonial es muy importante», señala Marlon Alberto Weichert, procurador regional de la República y coordinador del Grupo de Trabajo Memoria y Verdad de la Procuraduría Federal de los Derechos Ciudadanos.
«Sobre todo en casos de graves violaciones de los derechos humanos, donde las pruebas de la tortura se pierden con el tiempo y la documentación se mantiene confidencial hasta el día de hoy».
En 2014, tras investigaciones iniciadas en 2011, el Ministerio Público Federal (MPF) acusó a cinco exintegrantes del sistema de represión de la dictadura militar por el asesinato y ocultamiento del cuerpo de Rubens Paiva.
Los cargos incluían homicidio intencional, ocultamiento de cadáver, asociación armada para delinquir y fraude procesal.
Los acusados fueron José Antonio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Jurandyr Ochsendorf e Souza, Jacy Ochsendorf e Souza y Raymundo Ronaldo Campos.
El Tribunal Federal de Río de Janeiro acogió la denuncia, que fue mantenida por el Tribunal Regional de la 2ª Región.
Este avance fue considerado un hito por miembros del MPF, ya que representó la primera acción penal contra militares por homicidios ocurridos durante la dictadura.
Los acusados solicitaron un habeas corpus ante el segundo panel del TRF2, pero la solicitud fue denegada.
La defensa de los acusados recurrió entonces al STF, alegando que la amnistía ya había sido discutida en la Demanda de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 153, que es un instrumento jurídico utilizado en Brasil para cuestionar actos del Poder Público que violan preceptos fundamentales de la Constitución, como los derechos humanos básicos.
El 29 de septiembre de 2014, apenas 19 días después del juicio de habeas corpus, el ministro ponente Teori Zavascki concedió una orden judicial para suspender los procedimientos.
Zavascki murió en un accidente aéreo en 2017 y el proceso se detuvo.
En 2018, el caso fue remitido al ministro Alexandre de Moraes, quien sucedió a Zavascki y heredó los casos pendientes.
– La ley de amnistía
El curso del caso Rubens Paiva está vinculado a una discusión sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Al conceder un indulto general por los crímenes cometidos durante el régimen, esta legislación, promulgada en 1979 durante la dictadura, permitió, por un lado, el regreso de los exiliados y la liberación de presos políticos.
Por otro lado, destacan expertos entrevistados por BBC News Brasil, impidió que agentes de la dictadura que torturaron y asesinaron a opositores del gobierno militar fueran procesados.
«La transición controlada, dominada por los militares, con las élites brasileñas, condujo a este modelo de impunidad y olvido», dice Weichert.
«Esos asuntos eran asuntos prohibidos».
En 2010, el STF decidió que la Ley de Amnistía es constitucional, lo que aún hoy es cuestionado.
Para Claudio Fonteles, la Ley de Amnistía es inconstitucional, porque contradice principios fundamentales de la Constitución Federal.
Sostiene que una ley ordinaria, como la Ley de Amnistía, no puede, desde una perspectiva constitucional, otorgar amnistía por delitos cometidos por quienes violaron el Estado Democrático de Derecho, ya que la Constitución es la base permanente de la democracia y debe preservarse por encima de cualquier legislación infraconstitucional.
«Mantener esta ley es preservar la figura del torturador. Eso no contribuye a la defensa de la democracia y empaña este tema», le dijo Fonteles a BBC News Brasil.
Weichert sostiene que, a pesar de la decisión del STF que declaró constitucional la Ley de Amnistía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la consideró incompatible con la convención americana sobre derechos humanos.
Entre los casos que involucran a Brasil ante la Corte IDH se incluyen los del guerrillero de Araguaia (Gomes Lund), el periodista Vladimir Herzog y Collen Leite, todos llevados a la Corte después de que la comisión realizó este procedimiento.
En decisiones importantes, la Corte Interamericana ha declarado que tanto los crímenes de lesa humanidad como las violaciones graves de los derechos humanos son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.
El hecho de que los propios militares decretaran la ley que indulta los crímenes cometidos por agentes del régimen sería una forma de «autoamnistía», argumenta Sergio Suiama, fiscal federal del Ministerio Público de Río de Janeiro.
«Esto es inaceptable en casos de crímenes contra la humanidad», afirma Suiama.
El fiscal destaca que esto ha dificultado el avance de procesos penales como el de Rubens Paiva.
«El caso de Rubens Paiva está suspendido debido a esta incertidumbre», dice Suiama.
Según Suiama, el MPF ya propuso más de 40 acciones penales, pero la mayoría de ellas fueron suspendidas o anuladas precisamente porque el STF no juzga estas denuncias de incumplimiento de un precepto fundamental (ADPF).
«Las pruebas reunidas durante la investigación del MPF, incluidas las confesiones falsas durante los intentos de fuga, permanecen sin análisis de mérito, a la espera de una decisión que determine si estos crímenes son o no imprescriptibles».
El abogado Rodrigo Roca, que representa a los acusados de torturar y matar a Rubens Paiva, cuestiona el argumento de que los crímenes de la dictadura puedan ser calificados como crímenes contra la humanidad.
Según Roca, para ser un crimen de lesa humanidad la conducta debe haber sido dirigida contra una población civil, lo que, según él, no sería el caso.
«Para que una conducta sea considerada un crimen contra la humanidad, debe estar dirigida contra la población civil en su conjunto. Y no contra ciertos grupos insurgentes.
«Esto legalmente, es decir, técnicamente, incluso creo que dogmáticamente, nunca podría ser calificado como un crimen contra la humanidad», afirma.
El abogado sostiene también que el proceso seguido por el MPF buscando un desenlace por la muerte de Rubens Paiva, iniciado durante el gobierno de Rousseff y a raíz de las conclusiones de la Comisión de la Verdad, tuvo un «sesgo político».
Según él, cada vez que un gobierno de izquierda llega al poder se produce un «resurgimiento de este movimiento», lo que califica de «delirios».
«Tenemos que preguntarnos primero a quién beneficia esto, cuál es la relación costo beneficio de una nueva movilización como esta, por parte del gobierno, por parte de algunos sectores del poder judicial, en torno a personas con problemas jurídicos totalmente resueltos, es decir, es una pérdida para todos, es una guerra sin ganadores», añade.
«Hay un replanteamiento de una cuestión jurídica ya muy trillada y resuelta desde el punto de vista social. Será responsabilidad del sistema jurídico simplemente atenerse a esta conciencia popular y poner fin a esta historia».
– Reapertura de la investigación sobre el caso
Paralelamente, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, reabrió el caso en abril de 2024.
El objetivo es investigar y producir más pruebas para comprobar lo que le pasó a Rubens Paiva.
En agosto de 1971, el caso fue archivado por el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos (Cddph), órgano antecesor del actual Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La votación puso de manifiesto divisiones: mientras los miembros vinculados a ARENA (Alianza de Renovación Nacional) apoyaron el archivo, los representantes del MDB y la OAB se mostraron en contra.
El entonces ministro de Justicia, Alfredo Buzaid, ejerció el voto de calidad, decidiendo archivar el caso.
La justificación oficial se basó en información falsa del ejército, que afirmó que Rubens Paiva había desaparecido tras la intervención de desconocidos durante su detención.
Esta versión fue posteriormente desmentida por la Comisión Nacional de la Verdad. Además, uno de los concejales que votó por archivar el caso declaró que había sido coaccionado para tomar esa decisión.
Según André Carneiro, vicepresidente de la CNDH, la medida es de carácter administrativo, con posibilidades de contribuir a esta acción penal del MPF.
Carneiro afirma también que se elaborará un informe que contendrá recomendaciones a las Autoridades Públicas específicas sobre el caso Rubens Paiva y también recomendaciones generales sobre el derecho a la memoria, la verdad y la justicia.
«Como hay un proceso en el STF, ese informe será entregado al MPF y compartido con la Corte Suprema», destaca Carneiro.
«Este caso es bastante simbólico. Se trata de un exdiputado federal, alguien que no tenía vínculos con la lucha armada. El trato que recibió revela la estructura de la máquina de espionaje y tortura en el país».
Marcelo Rubens Paiva refuerza la importancia de mantener viva la memoria de su padre, ya sea a través de películas, libros o reportajes.
Para el escritor, la forma de evitar que la dictadura regrese es resaltar lo que ocurrió durante el régimen, incluido el asesinato de Rubens Paiva.
«Tenemos que mostrar qué es la dictadura, qué fue el AI-5, qué fue la tortura, qué fue el Estado autoritario», dice Marcelo Rubens Paiva.
«Es algo que nunca se debe defender».
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