Qué fue la Masacre de Napalpí y por qué la justicia argentina realizó un juicio tras casi 100 años…
Entre el 70% y el 80% de los pobladores de la Reducción Aborigen de Napalpí fueron asesinados el 19 de julio de 1924.
BBC News Mundo(V.Smink)/Página12(P.Chain) — En Argentina entre Abril y Mayo del 2022 se realizó un juicio sin precedentes en ese país. Lo encabeza una jueza federal, hay fiscales, pruebas y testigos. Pero no hay acusados, porque todos han muerto.
Se trata del primer «juicio por la verdad», un proceso penal que juzgará una de las mayores matanzas cometidas contra pueblos originarios en este país sudamericano: la llamada Masacre de Napalpí, ocurrida hace casi un siglo.
El juicio, instigado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, en el noreste argentino, busca determinar los hechos detrás de la matanza de más de 400 indígenas moqoit (o mocoví) y qom en ese territorio a manos de agentes estatales, en 1924.
La jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger ordenó que se realizara el inusual proceso tras determinar que «los hechos objeto de investigación exhiben características que permiten su inclusión dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad, cuya imprescriptibilidad posibilita que a pesar del tiempo transcurrido se pueda investigar».
«La búsqueda efectiva de la verdad resulta relevante no solo en términos de memoria colectiva, sino que puede operar favorablemente en el terreno de la reparación histórica y simbólica hacia las comunidades que habrían sido damnificadas directamente con tales hechos», argumentó la magistrada.
El Ministerio Público Fiscal de Argentina indicó que será «un procedimiento encaminado a la averiguación de la verdad, similar a los tramitados durante la década del ’90 en diferentes jurisdicciones para investigar los crímenes de la última dictadura cuando estaban vigentes los efectos de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida» que impedían juzgar a los represores.
El «juicio por la verdad» comenzó en la Casa de las Culturas de Resistencia el 19 de abril, fecha en la que se conmemoró el Día del Aborigen Americano en este país.
El proceso incluye audiencias en el interior de la provincia, donde actualmente viven descendientes de las víctimas de la masacre, y en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Memoria, ubicado en la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), el más conocido centro clandestino de detención durante el último régimen militar.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación destacó que se trata del «primer juicio de la historia argentina que investigará una masacre contra pueblos indígenas».
¿Qué pasó?
Los registros históricos y la investigación de la Fiscalía permitieron reconstruir los hechos ocurridos el 19 de julio de 1924, cuando cientos de hombres, mujeres, niños y ancianos de las comunidades indígenas moqoit y qom fueron asesinados por policías, gendarmes y terratenientes de la zona.
Todo ocurrió en la llamada Reducción Aborigen de Napalpí -hoy llamada Colonia Aborigen-, a unos 150km de Resistencia. Las reducciones eran sitios creados por el Estado para concentrar a las poblaciones indígenas y poder explotarlas como mano de obra barata.
Cuando un grupo de trabajadores decidió declararse en huelga para reclamar una justa retribución o la posibilidad de salir del territorio para trabajar en otros ingenios, el gobernador chaqueño, Fernando Centeno, envió a las fuerzas de seguridad a reprimirlos.
Unos 130 hombres rodearon la reducción y masacraron a sus pobladores, que estaban desarmados.
De acuerdo con los relevamientos de diferentes historiadores recabados por la fiscalía, durante 45 minutos los agentes descargaron más de 5.000 balas de fusil sobre la población de Napalpí.
En el operativo también se utilizó un avión que, según el testimonio de algunos de los descendientes de la comunidad, lanzó alimentos para atraer a quienes estaban en el monte y poder masacrarlos.
Una foto de ese avión tomada por el etnólogo alemán Roberto Lehmann-Nitsche, un experto en las comunidades indígenas argentinas, forma parte del expediente del caso.
Foto del avión tomada por el etnólogo alemán Roberto Lehmann-Nitsche.
Muchas de las víctimas fueron enterradas en fosas comunes luego de ser mutiladas para obtener «trofeos», como testículos, pechos y orejas.
Pero la matanza no terminó allí. Los sobrevivientes fueron perseguidos y «cazados» en los montes y los heridos fueron asesinados a machetazos.
En total se estima que más de 400 personas murieron ese día.
Y unos 40 niños que habían logrado escapar fueron entregados como sirvientes en las localidades cercanas o murieron en el camino.
Ana Noriega, de la Fundación Napalpí, dijo a BBC Mundo que entre el 70% y el 80% de la población de la Reducción Napalpí fue masacrada.
Quienes lograron sobrevivir debieron esconderse de las autoridades que buscaban eliminar todo indicio de lo que habían hecho, para poder negar lo ocurrido.
Según la versión oficial, lo que ocurrió fue un enfrentamiento entre aborígenes que debió ser sofocado por la policía, relato que reflejó la prensa de la época.
Sin embargo, las historias que los sobrevivientes contaron a sus descendientes sobre ese día resultarían clave para que hoy, 98 años más tarde, se esté juzgando ese etnocidio.
Memoria oral
Fue el historiador qom Juan Chico quien, a partir de los relatos de su abuela, Saturnina, empezó a investigar los hechos y recolectó testimonios y evidencias que eventualmente publicaría en su libro «La voz de la sangre «, que permitió empezar a romper el silencio histórico sobre lo ocurrido, a comienzos de este siglo.
El testimonio grabado de Chico, quien falleció en 2021 a los 42 años a causa del covid, se escuchó en la apertura de las audiencias el 19 de abril.
Juan Chico (derecha) durante la grabación del testimonio de Rosa Grilo.
También se oyó el registro audiovisual de dos de los últimos sobrevivientes de la masacre, los centenarios Pedro Balquinta y Rosa Grilo, quienes declararon antes los fiscales en 2014 y 2018, respectivamente.
«Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, me hace doler el corazón«, dijo al comenzar su declaración Grilo, la última víctima que brindó su testimonio.
En una próxima audiencia que se realizará el 3 de mayo en la Casa de las Culturas de Machagai, municipio en el que está ubicado la localidad de Napalpí, declararán los descendientes de los sobrevivientes de la masacre.
Noriega, de la Fundación Napalpí -fundada por Chico-, resaltó que «es la primera vez que la memoria oral de los pueblos, lo que se transmite de generación en generación, va a tener la misma validez que la palabra de los académicos y expertos. Eso es muy importante».
«Este juicio va a empoderar a las personas, avalar su historia, lo que ellos han escuchado muchas veces, pero siempre fue desmentido por los medios de comunicación y el Estado del momento».
Por su parte, la jueza Niremperger señaló en la apertura del juicio que el mismo no solo busca «calmar las heridas» y «reparar» el daño del pasado.
También es un mensaje para las generaciones presentes y futuras.
«Tiene una finalidad que es activar la memoria y generar conciencia colectiva de que las graves violaciones a derechos humanos no deben volver a repetirse».
La sentencia del juicio por la ‘Masacre de Napalpí’ culpa al Estado argentino de cometer crímenes de lesa humanidad
«Declarar que la ‘Masacre de Napalpí’, ocurrida en 1924, así como los hechos posteriores –la persecución y el asesinato de quienes lograron escapar de la tiroteo perpetrado durante una hora—, son crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco del genocidio de los pueblos indígenas«, leyó con voz firme la jueza federal Zunilda Nirempreger en la sala de convenciones Gala de Resistencia, Chaco.
su lado estaban los fiscales y querellantes representantes de las comunidades Qom y Moqoit, que durante la mañana habían realizados sus alegatos. «Declarar como hecho probado que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en la planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal», continuó Nirempreger mientras su lectura era traducida en simultáneo a las lenguas indígenas. Casi cien años después llegó la justicia para los más de los 400 asesinados por parte de fuerzas estatales y colonos del entonces territorio nacional de Chaco.
«Se hizo justicia». La voz corría entre los asistentes de diversas comunidades indígenas, al escuchar el veredicto respetuosamente leído por la jueza federal Zunilda Nirempreger, acompañada en una sentida traducción simultánea a las lenguas originarias por dos intérpretes indígenas. Los hechos atroces que relató esta emblemática sentencia, concluía con el veredicto que consideró al hecho como «crimen de lesa humanidad».
Y condenó al Estado por planificar, organizar y «ejecutar la matanza» que, en la mañana del 19 de julio de 1924, tuvo como víctimas directas a «entre 400 y 500 personas», de los pueblos qom y moqoit.
«Sus condiciones de vida eran deplorables, hacinadas, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse» leía la jueza. Lo reproducían en lengua los traductores, pausadamente, intercalando palabras en castellano al momento de compartir conceptos para los cuales no había palabras en sus lenguas.
Y se explayaban: «Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como por las bolsas de algodón, y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos cargamentos para su traslado, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados a trabajar extensas jornadas».
Las víctimas de aquella matanza se encontraban reunidas con algunos peones rurales correntinos y santiagueños para buscar una salida a la extrema situación de explotación y sometimiento en la que vivían.
El veredicto se formuló considerando las descripciones de los hechos –testimoniados de cincuenta declaraciones de supervivientes, familiares de personas asesinadas ese día, y académicos–, en base a referencias del contexto: la explotación, la denuncia por estas condiciones que las comunidades realizaban sin ser escuchadas, la brutal represión, el encubrimiento de la matanza y las consecuencias sobre los pueblos originarios que llegan hasta la actualidad. Entre ellas el trauma por aquella mañana donde todo cambió para siempre.
Se dejó de hablar su lengua, se les persiguió y asesinó. Se expusieron parte de los cuerpos como trofeos en lugares como la Sociedad Rural de Quitilipi. Se realizó un juicio fraudulento donde solo declararon efectivos policiales y se determinó que hubo un enfrentamiento entre étnias y solo habían muerto cuatro indígenas, entre ellos, el «importante dirigente indígena Pedro Maidana», prosiguió la jueza. Y los traductores se emocionaron al recuperar ese nombre en la audiencia.
Medidas reparatorias
La sentencia significa en primer lugar, el reconocimiento del «genocidio indígena» en Argentina. Da cuenta del valor de verdad de la tradición oral de estos pueblos, quienes cien años después de la masacre pudieron comenzar a hablar del hecho. Y dicta «medidas reparatorias» que buscan hacer conocer lo sucedido. Entre ellas, la emisión completa de este juicio revelador, a través de sistemas masivos como la Televisión Pública, para que la sociedad pueda conocer y comprender los hechos allí reconstruidos. Para reparar los procesos de discriminación y racismo a los que todavía hoy son sometidas las comunidades.
Entre las medidas reparatorias, la sentencia obliga al Estado a un acto público reconociendo su responsabilidad. Y ordena la educación bilingüe, como también convertir en sitio de memoria un histórico edificio ubicado en la zona de la masacre; dictar capacitaciones de respeto por los DD.HH. de los pueblos originarios entre las fuerzas de seguridad; instalar en los currículos educativos de los tres niveles de enseñanza el conocimiento de los hechos, y conformar un depósito debe ser «de acceso público».
«Alevosía y ensalamiento»
La condena por estos «homicidios calificados por alevosía y ensañamiento, y por reducción a la servidumbre» -otro concepto inédito en el tratamiento oficial de la problemática indígena- se expuso este jueves una vez concluidos los alegatos, en la audiencia que comenzó a las 8 de la mañana. La Secretaría de Derechos Humanos de Chaco, representada por Duílio Ramírez, fue una de las partes querellantes. La otra fue presentada por el Instituto del Aborigen Chaqueño representado por Ismael Núñez. En tanto la acusación del Ministerio Público Fiscal fue cursada por la Unidad Federal de Derechos Humanos, integrada por los fiscales Federico Carniel y Diego Jesús Vigay quienes en 2014 iniciaron este proceso seguido por organismos internacionales ya que sienta jurisprudencia para otros procesos de genocidio indígena latinoamericanos.
Los alegatos dieron cuenta de los elementos probatorios recogidos en el juicio sobre la forma en que se vivía en la reducción, era cierto y es lo que las comunidades demandaban. La reducción había sido creada por el Estado bajo dirección del Ministerio del Interior «con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral» retomó la sentencia estableciendo por primera vez un amparo histórico sobre los procesos de despojo territorial.
Lesa humanidad en un proceso genocida
Esta jornada, la última de una serie de audiencias orales y públicas realizadas en Resistencia -hubo otra en la localidad de Machagai y dos en el Centro Cultural Haroldo Conti de la exEsma, en CABA – será histórica. Se ha tardado casi cien años en validar lo sucedido en un proceso judicial. Por eso la emoción entre los asistentes ante la sentencia y sus traducciones. Y el silencioso homenaje con que fueron escuchados.
Ya en la formulación de los alegatos, el peso de la historia atravesaba el tiempo y recuperaba un espíritu reparador que invadía la escena judicial, donde se sostuvo la condición de «crimen de lesa humanidad dentro de un proceso genocida», por la matanza cometida por el Estado junto a fuerzas paraestatales en 1924.
De ahí que al finalizar los alegatos finales, el Juzgado Federal Nº1 de Resistencia resolvió «declarar como hechos probados de la ‘Masacre de Napalpí’ que: un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea -un avión sobrevoló la zona y ametralló sin piedad a familias enteras qom y moqoit-, llegaron a la zona de El Aguará», donde unas mil personas «estaban realizando una huelga para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidas».
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