De Paraisos Fiscales, ubicación, evasores, escándalos…

El Orden Mundial/Público(D.Herranz)/ElPaís(M.Mora)/DW/Vanity Fair(A.S.)/Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación — El término “paraíso fiscal” proviene de una traducción errónea del inglés tax haven, que significa ‘refugio fiscal’, y hace referencia a un territorio o Estado en el que la presión fiscal es inferior a la habitual en el resto del mundo. A causa de sus reducidos impuestos, empresas e individuos de todo el mundo establecen allí sus domicilios fiscales. Además, estos territorios suelen contar con sistemas tributarios opacos y secreto bancario, lo que permite a sus usuarios beneficiarse de su reducida o nula fiscalidad sin que se haga público.
El fenómeno de los paraísos fiscales tiene su origen en la década de 1960, durante la descolonización y la reindustrialización de las antiguas potencias coloniales. En este contexto, algunos países recién independizados desarrollaron sistemas fiscales atractivos para atraer capitales extranjeros. También países ya consolidados, como Suiza o Luxemburgo, adoptaron este modelo para resultar más competitivos.
Distintas organizaciones internacionales, ONG y países elaboran listados de paraísos fiscales, cada uno con sus propios criterios. El de la Unión Europea, por ejemplo, se elabora desde diciembre de 2017. En su última actualización, de febrero de 2020, la “lista negra” de la UE incluía doce territorios, en su mayoría pequeñas islas o archipiélagos como Islas Caimán, Fiyi o Palau, pero también Panamá y Omán; otros trece estaban en su “lista gris” de mejoras pendientes, incluyendo a Australia, Turquía o Marruecos.
Un caso muy distinto es el de la OCDE: desde 2009 no tiene territorios en su listado, ya que los restantes se comprometieron a mejorar su transparencia, si bien no a hacer cambios en su fiscalidad. También algunas ONG como Oxfam o Tax Justice Network juegan un papel importante en la elaboración de listados y divulgación de información sobre paraísos fiscales.
Estos territorios suponen un inconveniente para el resto de países, tanto los que tienen ingresos altos como para las economías más empobrecidas. Se estima que cada año se pierden en el mundo entre 500.000 y 600.000 millones de dólares de la recaudación del impuesto de sociedades debido a este fenómeno. Por si fuera poco, además de albergar grandes fortunas, los paraísos fiscales son un elemento fundamental en el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. A pesar de la presión de los organismos internacionales para lograr una mayor transparencia, estos territorios siguen representando un gran desafío para la sociedad internacional.

Descripción del mapa
Un paraíso fiscal es un Estado o territorio en el que la presión fiscal es menor a la del resto de países, o en el que directamente no existe ningún tipo de tasación para determinadas actividades. Bajo esa premisa, debería ser relativamente sencillo identificar la mayoría de guaridas fiscales que existen en el mundo, pero lo cierto es que el número total varía según la fuente que elabore la clasificación. Algunas organizaciones, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) o la Unión Europea, utilizan unas categorías mucho más laxas y amables con los territorios donde existen estos entramados, mientras que otras plataformas de la sociedad civil son mucho más estrictas con la clasificación.
En concreto, la OCDE dejó de incluir territorios en su lista de paraísos fiscales allá por 2009, cuando aseguró que todas las jurisdicciones que habían entrado en esta categoría unos años antes se habían comprometido a cumplir los estándares de «transparencia e intercambio de información» de la organización. Entre los países que la OCDE dejó de considerar paraísos fiscales se encuentran Andorra, Liechtenstein o las Islas Marshall.
Algo similar ocurre con la Unión Europea, que lleva desde diciembre de 2017 elaborando una “lista de países y territorios no cooperadores”, el eufemismo que utiliza Bruselas para referirse a los paraísos fiscales que no quieren entrar los sistemas de intercambio de información. En su última actualización, de octubre de 2021, la clasificación incluía nueve territorios que “no cooperan con el proceso de la UE o no han aplicado plenamente los compromisos” ―la “lista negra”―, la mayoría pequeñas islas o archipiélagos como las Islas Caimán, Fiyi o Palau, o países como Panamá u Omán.
Además, la UE también considera que otros 15 territorios, entre los que se encuentran Uruguay, Costa Rica, Turquía o Tailandia, son merecedores de figurar en la “lista gris”. Esto son, países que “cooperan con la UE para aplicar los compromisos” adoptados en materia fiscal pero que siguen aplicando tipos inferiores a los del resto del mundo. Pese a esto, la Comisión Europea no incluye en su listas a ningún país comunitario, por mucho que sus sistemas fiscales hayan sido puestos en entredicho. Entre ellos, Países Bajos, Luxemburgo, Malta, Chipre o Irlanda, pero también otros que no forman del espacio comunitario pero que son socios importantes, como Suiza, que han ido saliendo de las listas negras.
Todos estos países, sin embargo, sí son considerados paraísos fiscales por la ONG Oxfam Intermón, cuya definición engloba aquellas “jurisdicciones o territorios que han adoptado intencionadamente marcos fiscales y legales que permiten a los no residentes —personas físicas o jurídicas— reducir al mínimo el importe de impuestos que deben pagar donde realizan una actividad económica sustancial”. Según la organización, en el mundo hay cerca de 73 paraísos fiscales, de los cuales al menos seis están localizados en la UE.
Estos son los 15 paraísos fiscales dominantes en el mundo

Los paraísos fiscales son los territorios en los que las empresas y fortunas individuales envían y mantienen sus patrimonios –dinerarios, bienes de lujo, propiedades inmobiliarias o de activos bursátiles, entre otros– en cuentas offshore para evitar pagos tributarios y cualquier otro tipo de obligaciones legales. Esencialmente, acciones que puedan vincularse con otra figura delictiva, el lavado de capitales, íntimamente asociada a la elusión de impuestos. De forma más dulcificada, la OCDE cataloga estos enclaves como «jurisdicciones con sistemas fiscales dañinos«. Eludiendo cualquier terminología que les relaciones con fenómenos de criminalidad organizada.
A pesar de que el modus operandi requiere de instrumentos previos de ingeniería financiera y tributaria para sortear la acción de las agencias impositivas estatales en su cometido de vigilar y sancionar actos de sabotaje fiscal. O la opacidad inherente al secreto bancario que ocultan la identidad de los beneficiarios de estas cuentas offshore.
Muchas de las cuales incluyen, además, testaferros, terceras personas con o sin identidad real, con los que dificultan aún más la labor fiscalizadora de las autoridades tributarias. Porque la gran mayoría de las sociedades creadas para eludir los impuestos son ficticias. Sin ingresos ni actividad productiva alguna.

Banca Suiza
La doctrina neoliberal al uso defiende la existencia de estos territorios de baja tributación con la defensa de la soberanía fiscal que se les concede a cualquier jurisdicción independiente. Pero la realidad es contumaz. ¿Tiene sentido que las Islas Caimán tengan un valor 331 veces superior al tamaño de su economía?, ¿o que Bermudas haya sido declarada varios ejercicios a lo largo de la pasada década el enclave con mayor renta per cápita del planeta?, ¿por qué Suiza, Luxemburgo, Holanda e, incluso, Irlanda no han sido declarados paraísos fiscales?
Lejos de ahondar y avanzar en este desafío global, las listas negras de Europa o EEUU han ido adelgazando. Bajo el artificio argumental de haber alcanzado acuerdos para el intercambio de información financiera y fiscal con sus autoridades tributarias y de establecer en ellos sanciones punitivas. La propuesta de la Administración Biden de elevar la presión impositiva a familias con más de 400.000 dólares de ingresos anuales, de subir el gravamen de Sociedades al 28% y de trasladar al G20 la fijación de un gravamen mínimo de las corporaciones de ejecución global, enlaza con una vieja pretensión multilateralista que quedó en un limbo político.
Porque a finales de la década de los 90, a instancias de Bill Clinton, en el seno de la OCDE, se creó un brazo armado para perseguir y, en su caso, sancionar a paraísos fiscales y centros offshore si no cooperaban con intercambio de información fiscal y financiera. Se denominó GAFI, siglas que responden desde entonces a Grupo de Acción Financiera Internacional y que, en sus inicios, glosó tres listas negras. Una, conformada por 35 paraísos fiscales propiamente dichos; otra, de 47 áreas tributarias preferenciales, en las que se incluían a Euskadi y Navarra, por sus regímenes forales, y una tercera, de 15 naciones que fomentaban el lavado de dinero.
En este último apartado, el GAFI no tuvo reparos en situar a Rusia por su docilidad en generar salidas masivas de capital procedentes de grandes emporios financieros e industriales, a Chipre o Israel. Pero su sucesor modificó la estrategia. El republicano George W. Bush limitó esta táctica persecutoria a la entrega, por parte de estos enclaves, a una mera entrega de documentación tributaria y financiera –obviando la obligación de cooperación necesaria con las autoridades de Hacienda que lo requirieran– bajo la justificación de que el diseño y confección de la fiscalidad formaba parte de la soberanía nacional de estos territorios.

Todo sigue igual tras las dos crisis del milenio
Dos décadas después, como aclara Richard Murphy, las fugas impositivas no solo siguen siendo un fenómeno habitual, sino que han intensificado su magnitud. Más allá de lo que determinan los datos oficiales, explica este directivo de Tax Justice. Hasta totalizar en torno al 10% de todos los ingresos impositivos, por ejemplo, en EEUU.
Sin una acción concertada global que arrincone la operativa tributaria de los paraísos fiscales, la iniciativa de que los emporios empresariales y las grandes fortunas pasen por las ventanillas de Hacienda y contribuyan a costear la factura de la Gran Pandemia –tras salir indemnes del tsunami financiero de 2008– nunca llegará a buen puerto.
Porque el comportamiento de los millonarios y de las empresas que buscan sortear el pago de impuestos se ha asentado en las sociedades; si bien, a distintas escalas.
Mientras en los países escandinavos los patrimonios en áreas offshore son una porción residual de su población, en Europa es una práctica habitual para alrededor del 15% de las grandes fortunas y entre los emiratos del Golfo Pérsico y algunas naciones de América Latina –foco de enormes desigualdades de renta– alcanza casi al 60%, como admiten en el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), desde donde emana la regulación de la industria financiera y que acoge en su seno al G10, el foro de los grandes bancos centrales.
El volumen de la riqueza que se traslada a centros offshore no se explica necesariamente ni por los tipos impositivos ni por factores políticos. Algunas naciones con bajos niveles de salidas de activos a enclaves de baja tributación son naciones con altas presiones fiscales, como Dinamarca o Noruega, mientras otras con ventajas impositivas, como Corea del Sur o Japón superan el flujo de capitales que se dirigen a paraísos tributarios.

Una mujer lanza billetes al aire, en una protesta contra los paraisos fiscales en la Plaza de Trafalgar. Londres
De igual forma, aclaran en Tax Justice, países autocráticos como Arabia Saudí o con escasos estándares democráticos como Rusia y otros con tradición reciente de regímenes totalitarios como Argentina o Grecia o, incluso democracias de elevados registros de derechos y libertados como Reino Unido o Francia, trasladan activos hacia los centros offshore. Geográficamente, las fortunas y corporaciones asiáticas eligen de manera mayoritaria enclaves de baja tributación de ese continente. Mientras las de América prefieren los territorios caribeños y las europeas y del Golfo Pérsico, jurisdicciones como la suiza.
En Foreign Policy marcan otra línea de flotación que requiere ser demolida: «Para pagar la covid-19, hay que drenar los paraísos fiscales». Porque los arquitectos de la red de tráfico patrimonial hacia estos enclaves han sido las principales entidades bancarias internacionales. Cita a HSBC, a UBS, Credit Suisse, Citigroup, Barclays, Lloyds, JP Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley, ING, Goldman Sachs o Santander. Que, desde los años 70, han jugado un papel esencial a la hora de reclutar activos privados. Los 50 mayores bancos del planeta son responsables de, al menos, la mitad de las cuentas offshore.
Entre 12 y 14 billones de dólares de los 36 billones que se han llegado a contabilizar en paraísos fiscales. Con 2015 como cénit de la acumulación de riqueza. Y los dos más importantes, de más de la mitad de esa cantidad movilizada desde las instituciones bancarias. A lo que se une la afluencia de patrimonios enviados por las corporaciones.
Fortune avanzaba que, en 2018, el 60% de las compañías de su lista de 500 con capitalización bursátil más elevada no declararon impuestos. Un agujero de 79.000 millones de dólares en gran medida por los desplazamientos de sus beneficios a centros offshore. En el ejercicio de 2019, las corporaciones estadounidenses pagaron, de media el 11,3% de tipo impositivo. Lo que drenó, con la rebaja fiscal de la Administración Trump, la recaudación del trienio 2017-19.
Esenciales para el pago, con menores despliegues de los costes a la deuda soberana del país, de la Gran Pandemia y de los programas de estímulo, que han superado los cinco billones de dólares, tres veces más que el arsenal utilizado en la crisis de 2008. Cuando, a tenor de la lista de medidas para afrontar las secuelas del coronavirus, lanzada por la OCDE, los planes de gasto radicales, muy en especial en las potencias industrializadas, no han operado en otro frente: contra el «exceso de beneficios» de las empresas. Sobre todo, de hegde funds, alguno de los cuales han reportado ingresos adicionales de entre el 50% y el 75%.
Cuando, además, y según el Internal Revenue Service (IRS), la autoridad fiscal americana, el 1% más rico de EEUU no declaró el 21% de sus rentas el último año fiscal. Escrutinio sustentado por el London School of Economics, la Carnegie Mellon o la Universidad de Berkeley. En un ejercicio en el que, además, las mayores fortunas de EEUU han aumentado considerablemente sus patrimonios durante la epidemia de la covid-19.

Oficinas de PrincewaterhouseCooper en Luxemburgo
Los quince mayores paraísos fiscales
Tax Justice sitúa a las Islas Vírgenes como el principal paraíso fiscal y el refugio preferido de las corporaciones para eludir sus pagos de impuestos. Junto a esta jurisdicción, otros dos enclaves bajo soberanía británica como territorios de ultramar: Islas Caimán y Bermudas. A continuación, este think tank cita a Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, Hong Kong, Jersey –también bajo tutela de Reino Unido–, Singapur y Emiratos Árabes Unidos (EAU). A su top ten de 2021 se incorpora por vez primera EAU.
La federación de emiratos ha reclutado durante el ejercicio de pandemia 218.000 millones de dólares de capital extranjero a través de Holanda. Más de la mitad de su PIB. Por si fuera poco, la mayor parte de los paraísos fiscales ceden su soberanía militar a alguna potencia mundial, por proximidad geográfica, especiales relaciones políticas o por haber sido colonias de naciones con altas capacidades de intervención bélica.
Antes de la llegada de la covid-19, el centro de investigación Corpnet, con sede en Ámsterdam, es una de las instituciones que elaboran clasificaciones sobre paraísos fiscales. Estos son los 15 territorios que, a su juicio, pueden considerarse los mayores acumuladores de riquezas opacas en el mundo, por orden creciente: Seychelles, Chipre, Nauru, Luxemburgo –cuyo sector financiero representa más del 35% de su PIB–, y Mauricio en los puestos entre el decimoquinto y decimoprimero.
En los puestos entre el décimo y el sexto figuran Malta –que ostenta el tipo impositivo más bajo de Sociedades en la UE, menos del 5%, para empresas foráneas, aunque las locales tienen gravados sus beneficios en un 35%–; Islas Marshall, Curazao –isla holandesa en el Caribe que ha sido trasladada a la lista gris, desde la negra, de la UE–; Liechtenstein, otro territorio beneficiado de la permisividad europea; y Samoa.
El top five lo completan las Islas Caimán, sus vecinas Bermudas, Jersey, Taiwán y, encabezando el ranking, y coincidiendo con Tax Justice, las Islas Vírgenes Británicas, que registra una riqueza en su territorio 5.000 veces por encima del valor de su economía.
Los escándalos más sonados de revelación de datos

Los Papeles del Paraíso 2017
¿De qué se trata?
Se centra en los paraísos fiscales internacionales. Son 13,4 millones de documentos que muestran los trucos con los que políticos, corporaciones y multimillonarios evitaron pagar impuestos de una forma parcialmente legal. Entre ellos están el líder de U2, Bono; el excanciller alemán Gerhard Schröder y compañías como Siemens, Nike y McDonalds. Todos habrían usado los servicios de la firma de abogados Appleby para crear los impuestos «ventajosos».
¿Quién reveló los datos?
Un equipo de casi 400 periodistas de 67 países pasó meses hurgando en los Papeles del Paraíso para rastrear historias, con la asistencia del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), The New York Times, The Guardian, BBC, Le Monde; y en Alemania, el diario Süddeutsche Zeitung y las estaciones de televisión NDR y WDR.
Los Papeles de Panamá 2016
¿De qué se trata?
Los Papeles de Panamá revelaron prácticas de elusión y evasión de impuestos. En ellos se encuentran documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca que muestran que un gran número de políticos, atletas y otras celebridades tenían sus fortunas en compañías offshore, lo que no es necesariamente punible. Los 11,5 millones de archivos incluían correos electrónicos, documentos y estados bancarios de 214.000 compañías, especialmente en el Caribe. Entre los nombres que aparecieron están los de 140 políticos y colaboradores cercanos, incluidos los presidentes de Argentina y Ucrania. En Islandia, la publicación llevó a la dimisión del primer ministro Sigmundur Gunnlaugsson.
¿Quién reveló los datos?
En los Papeles de Panamá –que con 2,6 terabytes es la mayor fuga de datos hasta el momento– participaron periodistas de todo el mundo y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En Alemania, estuvieron involucradas la red de investigación del diario Süddeutsche Zeitung y las estaciones de televisión NDR y WDR. Las revelaciones le valieron al ICIJ el más alto honor en el periodismo estadounidense: el premio Pulitzer.
Los Papeles de Luxemburgo 2014
¿De qué se trata?
Los Papeles de Luxemburgo descubrieron una evasión de impuestos a gran escala. Se trata de miles de millones de euros en impuestos que no se pagaron. Los datos muestran cómo corporaciones multinacionales como Ikea, Amazon, Fedex, Pepsi o Disney habían facturado sus ganancias en Europa libres de impuestos durante años.

Antoine Deltour deja la corte en Luxemburgo en compañía de su abogado
¿Quién reveló los datos?
Dos empleados de la firma de auditoría PwC, Antoine Deltour y Raphael Halet. Tuvieron acceso a información que reveló la evasión de miles de millones en impuestos. Los hombres le dieron alrededor de 30.000 documentos al periodista de investigación francés Edouard Perrin. Sin embargo, fueron los tres denunciantes los que respondieron ante la justicia.
Las revelaciones de la NSA 2013
¿De qué se trata?
Este caso desveló el espionaje en internet y telecomunicaciones por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses. De ahí se descubrió que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) espió y analizó de forma masiva los datos privados de usuarios de compañías como Google, Apple y Facebook. Los chats y correos electrónicos se recopilaron a través del programa de espionaje «PRISM».
¿Quién reveló los datos?
Como administrador del sistema de la NSA, Edward Snowden tuvo acceso a información clasificada como «ultra secreta». El caso convirtió al exempleado de la CIA en uno de los denunciantes más famosos. Snowden le dio los datos al periodista del periódico The Guardian, Glenn Greenwald, y a la cineasta Laura Poitras. Snowden huyó a Rusia después de la filtración, donde vive en un lugar desconocido. En Estados Unidos, le espera una orden de arresto por espionaje.
Wikileaks 2010
¿De qué se trata?
Esta plataforma de revelaciones ha publicado datos secretos del Ejército de Estados Unidos en la red. Salieron a la luz diarios sobre las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán, expedientes sobre las condiciones de detención en Guantánamo y los abismos de la diplomacia estadounidense.

¿Quién reveló los datos?
La exsoldado Chelsea Manning, conocida como Bradley Manning antes de su cambio de sexo, difundió cientos de miles de documentos secretos del Ejército mientras estaba estacionada en Irak. La informante tuvo que responder ante un tribunal militar de Estados Unidos. La acusación: Manning hizo la información accesible al enemigo a través de Internet. Fue absuelta después de siete años en prisión, un acto de indulgencia del expresidente Barack Obama durante su última semana de mandato.
En 2013: Una investigación revela miles de nombres de evasores fiscales

Jean-Jacques Augier, el amigo y compañero de François Hollande, es solo un nombre más entre los 130 contribuyentes franceses y los 130.000 políticos y empresarios de medio mundo que aparecen en una lista internacional de evasores fiscales revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), una agencia de periodismo de datos basada en Washington y que cuenta con 160 profesionales en 60 países.
La ICIJ, dirigida por el periodista de investigación australiano Gerard Ryle desde septiembre de 2011, recibió hace unos meses las filtraciones de dos exempleados de entidades que ofrecen servicios offshore en paraísos fiscales como Singapur, Samoa, las islas Caimán y las islas Cook, estas dos últimas bajo soberanía británica. Los más de 2,5 millones de fichas robadas por los arrepentidos y depositadas en un disco de 200 GB afectan a 170 países y explican un gigantesco sistema globalizado de evasión fiscal que blanquea billones de euros.
Según un estudio de James S. Henry, execonomista de la consultora McKinsey, citado por Le Monde, los millonarios particulares tienen entre 16 y 24 billones de euros en territorios de fiscalidad reducida, lo que equivale a la suma de los PIB de Estados Unidos y Japón. Los datos de la ICIJ, que cuenta con 160 periodistas, se refieren solo a una parte de ese enorme pastel, camuflado a través de 120.000 sociedades opacas tras las que se esconden 130.000 testaferros y dueños reales.
Los primeros resultados de la investigación se han empezado a publicar este jueves en 36 medios, entre ellos el estadounidense The Washington Post, el francés Le Monde, el argentino La Nación, el británico The Guardian y el japonés Ashahi Shimbun. En España, colabora el diario digital El Confidencial, que hoy ha publicado un primer nombre destacado, el de la baronesa Carmen Cervera, viuda del barón Thyssen-Bornemisza, mecenas y heredera de una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Según admite su abogado, la baronesa utiliza una sociedad domiciliada en las islas Cook para adquirir obras de arte en Sotheby’s y Christie’s, entre ellas el Molino de agua en Gennep’, de Van Gogh
El denominado Offshoreleaks promete sacar a la luz una inmensa lista de evasores encabezada por el actual primer ministro de Georgia, Bidzina Ivanishvili, en la que también hay prominentes figuras políticas y empresariales de Estados Unidos, Rusia, Pakistán, India, Irán, Tailandia o Indonesia.
La lista incluye a una exministra del Gobierno tailandés ligada al dictador de Zimbabue, Robert Mugabe, a antiguos ejecutivos de oro de Wall Street (Paul Bilzerain y Raj Rajaratnam), a varios millonarios de Europa del Este, a traficantes de armas, a dirigentes de la gasista rusa Gazprom, y a algunos representantes de la clase media griega, según Le Monde.

El diario parisino adelantó que en próximos días contará cómo los bancos BNP y Crédit Agricole han ayudado a sus clientes a crear sociedades y ‘trusts’ en “palmerales fiscales”, y detallará los imperios ocultos del barón Elie de Rothschild y de la familia Grosman, dueña de la marca de ropa Celio. Además, promete revelar “la caja de Pandora de la fiduciaria Reyl, que gestionó en Ginebra y Singapur los bienes ocultos de Jérôme Cahuzac”, el exministro de Hacienda; los negocios secretos de María Imelda Marcos, hija del exdictador de Filipinas, y los fondos ocultos que poseen las hijas del presidente de Azerbaiyán.
La publicación de la identidad de los primeros implicados ha originado terremotos políticos en varios de los países implicados, y en Gran Bretaña ha dado aliento a los activistas anticorrupción, que han pedido al primer ministro, David Cameron, que se ponga en marcha de forma inmediata para dinamitar los paraísos fiscales británicos.
Lord Oakeshott, un destacado dirigente del Partido Liberal, ha afirmado que los paraísos fiscales de las islas Vírgenes Británicas “manchan la imagen del Reino Unido”, y se ha preguntado: “¿Cómo no se le cae la cara de vergüenza a David Cameron cuando llama al G8 a hacer grandes negocios con el pago de impuestos mientras dejamos que las islas Vírgenes usen la ley y la protección de Gran Bretaña para absorber billones de dinero negro?”.
Los Panama Papers
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Con el nombre de los Panama Papers se conoce a la investigación periodística global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que expuso a la luz los negocios offshore de políticos, empresarios, deportistas y celebrities internacionales.
Se basó en la filtración de 11,5 millones de documentos internos del estudio panameño Mossack Fonseca, la más grande en la historia del periodismo y la que tuvo -y sigue teniendo- mayor impacto a nivel mundial.
Los archivos incluyeron correos electrónicos, listados de sociedades, beneficiarios, actas, escrituras y registros de sociedades offshore intercambiados entre Mossack Fonseca y sus clientes, en los últimos 40 años. Fueron filtrados por una fuente anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung, y compartidos por ICIJ con más de 370 periodistas miembros de la organización en 76 países. La información incluyó datos de cuentas bancarias y de 214.488 empresas offshore conectadas con más de 200 países.
Hasta las primeras revelaciones periodísticas conocidas a nivel mundial en simultáneo el 3 de abril de 2016, la gran mayoría de estas firmas creadas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales -por su baja o nula tributación y el anonimato de sus dueños- se mantenían ocultas.
Si bien su constitución es legal, venían siendo utilizadas desde hacía décadas para evadir impuestos o esconder bienes en un divorcio, y en el peor de los casos, lavar o ocultar dinero proveniente del crimen organizado.
Hasta su cierre definitivo en marzo de 2018 a raíz del escándalo, el estudio panameño brindaba los servicios de creación y apertura de sociedades en la jurisdicción elegida por el cliente. Por un fee anual ofrecía además poner a un administrador y los directivos panameños que figurarían en los papeles. Así se dificultaba saber quienes eran sus verdaderos dueños.
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Las oficinas de Mossack Fonseca en Panamá, antes de su cierre en marzo de 2018
A nombre de estas sociedades «pantalla» -sin actividad real, oficina o empleados- se podía luego abrir una cuenta bancaria en algún otro país y mover dinero o comprar propiedades o bienes en cualquier destino del mundo.
Entre los nombres que aparecieron, figuraban más de un centenar de políticos de diferentes países, así como sus familiares o socios cercanos, 12 jefes de Estado, futbolistas, actores, empresarios y directores de cine.
Hubo una segunda tanda de documentos filtrados que se conocieron en junio del 2018, y que incluyó archivos internos de Mossack Fonseca, desde los días previos a que salieran en los medios los Panama Papers hasta fines de 2017, sólo tres meses antes de que el bufete cerrara su oficinas en Panamá y en otros 40 países.
Impacto
Desde abril de 2016, las revelaciones de los Panama Papers implicaron la apertura de numerosas causas judiciales en todo el mundo, incluida la Argentina.
Políticos, empresarios y abogados fueron acusados ante la Justicia y en varios casos, como en Panamá, Ecuador y Bulgaria, incluso detenidos. Los propios fundadores del Mossack Fonseca fueron presos.
El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció por sus lazos ocultos con los bancos del país, e igual decisión tomó el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif. Las revelaciones también provocaron un paso al costado de varios ministros, como el de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria.

En Argentina, aparecieron en los Panama Papers los nombres del presidente Mauricio Macri, su hermano Gianfranco y su padre Franco; el ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz; el intendente de Lanús, Néstor Grindetti; el jugador Lionel Messi; entre otras personalidades, así como numerosos empresarios.
A tres años de la investigación publicada en simultáneo en casi 80 países por más de 100 medios, las multas y el monto de dinero que comenzó a tributar impuestos contabilizados por ICIJ suman-al menos- USD 1.200 millones.
La cifra total, sin embargo, se estima que es superior ya que las autoridades fiscales de muchos países –como es el caso de Argentina- no revelan información sobre los acuerdos alcanzados con particulares y empresas en materia tributaria.
En nuestro país, según la investigación llevada adelante por el equipo local de ICIJ, el dinero identificado alcanza los USD 104 millones en dinero, tenencia de bienes y accciones en el exterior, blanqueados por argentinos ante la AFIP a partir de la amnistía fiscal lanzada por el Gobierno a mediados de 2016.
A este monto se suman otros USD 73 millones de propiedades en el exterior pertenecientes al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, que ya fueron identificados por la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Justicia, aunque aún no fueron recuperados para el Estado.
Más allá de la identificación de dinero que hasta los Panama Papers permanecía oculto, hubo un movimiento en numerosos países para terminar con la opacidad de las jurisdicciones de baja tributación impositiva, utilizadas con frecuencia para la evasión fiscal.

A la par de un reclamo de mayor transparencia y regulación sobre los paraísos fiscales, la opinión pública mundial se volvió mucho más crítica sobre el uso de firmas offshore por parte de la dirigencia política, empresarial, y de las estrellas del deporte y la comunidad artística internacional.
La legislación se endureció en Europa, la industria offshore redujo drásticamente su actividad, y ahora las autoridades fiscales tienen acceso público a medio millón de compañías creadas en paraísos fiscales de las que hasta hace tres años no se sabía. Los ciudadanos de todo el planeta tienen mucho más cuidado a la hora de buscar ocultar su patrimonio en jurisdicciones extranjeras de baja tributación.
Cómo fue la investigación
Los periodistas miembros del Consorcio llevaron adelante la investigación durante un año en forma colaborativa, en extrema reserva, y con el compromiso de no revelar ningún detalle por anticipado hasta la fecha fijada por ICIJ para la publicación mundial.
Se mantuvieron en contacto a través de una plataforma web encriptada desarrollada por ICIJ y con códigos de acceso a los documentos secretos subidos a una nube. Hubo dos encuentros presenciales en Washington (EEUU) y Munich (Alemania) durante 2015.
Paraísos ‘offshore’ y riquezas ocultas de líderes mundiales y billonarios expuestas en una filtración sin precedentes

Millones de documentos filtrados, que dieron pie a la mayor colaboración periodística en la historia, revelan los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado y más de 330 funcionarios y políticos en 91 países y territorios, así como un abanico global de fugitivos, estafadores y asesinos.
Estos documentos secretos exhiben los negocios offshore del rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, del primer ministro de República Checa, y del ex primer ministro británico Tony Blair. Los archivos también detallan las actividades financieras del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, India, Estados Unidos, México y otras naciones.

Vladimir Putin durante un desfile militar el 25 de julio de 2021
Los documentos filtrados revelan que muchos de los actores que podrían acabar con el sistema offshore son en realidad beneficiarios de sus servicios, escondiendo activos en sociedades de papel y trusts —o fideicomisos—, mientras sus Gobiernos hacen poco para frenar el flujo global de dinero ilícito que enriquece delincuentes y empobrece naciones.
Entre los tesoros escondidos que revelan los documentos se destacan:
Un castillo de 22 millones de dólares en la Riviera francesa, con cine y dos piscinas, comprado a través de sociedades offshore por el primer ministro de República Checa, un multimillonario populista que ha hecho campaña contra la corrupción de las élites económicas y políticas.
Más de 13 millones de dólares escondidos en un fideicomiso opaco en las Grandes Llanuras de Estados Unidos por el descendiente de una de las familias más poderosas de Guatemala; una dinastía que controla un conglomerado de empresas que fabrican jabón y labiales, y que ha sido acusada de abusos contra sus trabajadores y el medio ambiente.
Tres mansiones en la costa de Malibú que el rey de Jordania compró por 68 millones de dólares a través de tres sociedades offshore años después de la Primavera Árabe, en la cual los jordanos salieron a las calles para protestar contra el desempleo y la corrupción.

Estos documentos secretos son conocidos como los Pandora Papers, o Papeles de Pandora.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) obtuvo 11,9 millones de documentos confidenciales y encabezó un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios, quienes dedicaron dos años a examinarlos meticulosamente, a rastrear las fuentes, y a excavar en archivos judiciales y otros registros públicos de decenas de países.
Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países. Estas firmas crean sociedades de papel y otros escondites opacos para sus clientes, quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en las sombras. La información obtenida rebasa cerca de tres veces el número de operaciones offshore de jefes de Estado reveladas en las anteriores filtraciones de documentos sobre paraísos fiscales; y más de dos veces el número de transacciones de servidores públicos.
En esta época en la que se expande el autoritarismo y la desigualdad, la investigación de los Papeles de Pandora ofrece una perspectiva inédita sobre la manera en que el dinero y el poder operan en el siglo XXI, y cómo la opacidad financiera impulsada por Estados Unidos y otras naciones moldeó y quebró el imperio de la ley alrededor del mundo.
El imaginario popular suele reducir el sistema offshore a un grupo de islas lejanas y dispersas, cubiertas de palmas. Pero los Papeles de Pandora muestran que la maquinaria del dinero offshore opera en todos los rincones del mundo, incluidas las capitales financieras de las economías más ricas y poderosas.
Los hallazgos del ICIJ y de sus medios aliados exhiben cómo las finanzas ultrasecretas han infiltrado la política internacional, y muestra por qué los Gobiernos y las organizaciones globales han hecho tan poco para acabar con los abusos financieros offshore.
Un análisis del ICIJ de los documentos secretos identificó a 956 empresas en este sistema offshore que tiene algún tipo de relación con 336 políticos de alto nivel, ministros, embajadores y otros. Más de dos tercios de estas empresas fueron creadas en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción que desde hace mucho tiempo es clave en el sistema offshore.
Por lo menos 11,3 billones de dólares están guardados offshore, según un estudio publicado en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Debido a la complejidad y la falta de transparencia de esta industria, resulta imposible distinguir cuántos de estos recursos están ahí por evasión de impuestos u otros delitos y cuántos han sido reportados ante las autoridades tributarias.
En todas las esquinas del mundo
Entre los personajes que los documentos vinculan con bienes offshore resaltan la superestrella de cricket de la India, Sachin Tendulkar, la diva de la música pop Shakira, la supermodelo Claudia Schiffer y un mafioso italiano conocido como Lello El Gordo.

Claudia Schiffer atiende a la prensa durante un tributo a Karl Lagerfeld en París en junio de 2019
Este mafioso, Raffaelle Amato, ha sido ligado con al menos una docena de asesinatos. Los documentos filtrados ofrecen detalles sobre una sociedad de papel registrada en Reino Unido, que Amato utilizó para comprar terrenos en España poco antes de huir de Italia, para instalar en la península ibérica su propio grupo criminal. Amato, cuya historia inspiró la película Gomorra, está cumpliendo una pena de cárcel de 20 años.
El abogado de Amato no contestó las solicitudes de comentarios sobre estos hallazgos. El abogado de Tendulkar dijo que las inversiones del jugador de cricket son legítimas y han sido declaradas a las autoridades. Un abogado de Shakira aseguró que la cantante declaró sus sociedades offshore y que éstas no otorgaban ventajas fiscales. Representantes de Schiffer dijeron que la modelo pagó sus impuestos en Reino Unido, donde reside.
En la mayoría de los países, controlar activos offshore o usar sociedades de papel para hacer negocios transfronterizos no es ilegal. Las personas que hacen negocios internacionales afirman que necesitan este tipo de estructuras para llevar a cabo sus asuntos financieros.
Sin embargo, estos asuntos financieros suelen canalizar las ganancias desde países con impuestos elevados hasta sociedades que solo existen en papel en jurisdicciones con menor recaudación fiscal. El uso de estas guaridas offshore es particularmente problemático en el caso de las figuras políticas, porque consiste a menudo en estrategias para alejar sus actividades del escrutinio público.
El sistema offshore se apoya también en instituciones de élite que sirven a los intereses de los ricos y poderosos, como los bancos multinacionales, los despachos de abogados y las firmas de contaduría con sede en Estados Unidos y Europa.
Un documento de los Papeles de Pandora muestra, por ejemplo, que diversos bancos han creado por lo menos 3.926 sociedades offshore para sus clientes con la asistencia de Alemán, Cordero, Galindo & Lee, una firma de Panamá dirigida por un exembajador de ese país en Estados Unidos, Jaime Alemán. Este despacho, también conocido como Alcogal, creó al menos 312 empresas en las Islas Vírgenes Británicas para clientes de Morgan Stanley, el gigante del sistema financiero americano. Un portavoz de Morgan Stanley dijo al respecto: “Nosotros no creamos compañías offshore… Este proceso es independiente de la firma y a discreción y dirección de cada cliente”.
La investigación también revela la manera en que Baker McKenzie, el despacho de abogados más grande de Estados Unidos, ayudó a crear el sistema offshore moderno y sigue siendo un pilar de esta economía opaca.

Oficinas de la firma Baker McKenzie en Londres.
Baker McKenzie y sus despachos afiliados en el mundo han usado sus habilidades en materia de cabildeo y de creación legislativa para diseñar leyes financieras en diversos países. También han hecho negocios para personas y empresas vinculadas a fraudes, corrupción y regímenes autoritarios, según encontró el ICIJ en la investigación.
Entre los clientes de Baker McKenzie figura el oligarca de Ucrania Ihor Kolomoyski, al que las autoridades estadounidenses acusan de lavar 5.500 millones de dólares a través de una red de sociedades de papel, con la compra de propiedades industriales y comerciales en el corazón de Estados Unidos.
Baker McKenzie también trabajó para el financiero Jho Low, que actualmente está prófugo, acusado en varios países de idear un megafraude de 4.500 millones de dólares a un fondo de desarrollo económico de Malasia, conocido como 1MDB. La investigación de ICIJ encontró que Low creó una red de sociedades en Malasia y Hong Kong de la mano con Baker McKenzie y sus afiliados. Las autoridades de Estados Unidos sostienen que Low utilizó algunas de estas sociedades para canalizar recursos saqueados de 1MDB.
Un portavoz de Baker McKenzie dijo que la firma busca proveer las mejores asesorías fiscales y legales a sus clientes, y se esfuerza en “asegurarse que nuestros clientes adhieren a la ley y a las mejores prácticas”. Pero no respondió de manera específica a muchas preguntas sobre el papel de Baker McKenzie en la economía offshore, citando la confidencialidad de sus clientes y el privilegio legal. Añadió que la firma revisa de forma estricta los antecedentes de todos sus potenciales clientes.
Ya sabes quién
La investigación Papeles de Pandora es más grande y más global que la investigación Papeles de Panamá de ICIJ que sacudió el mundo en 2016 y desembocó en operativos, en la adopción de nuevas leyes en decenas de países, y provocó la caída de primeros ministros en Islandia y en Pakistán.
Los Papeles de Panamá provenían de los archivos de un solo proveedor de servicios offshore: la firma panameña Mossack Fonseca. Los Papeles de Pandora arrojan luz sobre un abanico mucho más amplio de abogados e intermediarios que operan en el corazón de la industria offshore.

Oficinas del despacho Mossack Fonseca & Co en Panamá el 07 abril del 2016.
En total, la nueva filtración exhibe los dueños reales de más de 29.000 sociedades offshore. Estos dueños vienen de más de 200 países; los grupos más numerosos son de Rusia, Reino Unido, Argentina, China y Brasil.
Entre los 150 medios que se sumaron a esta colaboración están EL PAÍS, el Washington Post, la BBC, Radio France, el Indian Express, The Standard de Zimbabue, Le Desk de Marruecos y el Diario El Universo de Ecuador.
Un equipo internacional fue necesario para llevar a cabo la investigación, porque los 14 despachos de los que vienen los documentos tienen oficinas en todo el mundo, desde el Caribe hasta el golfo Pérsico, pasando por el mar de China Meridional.
A cambio de unos cientos o miles de dólares, los proveedores offshore pueden ayudar sus clientes a incorporar sociedades cuyos dueños permanecen ocultos. O, por un monto que puede ir de los 2.000 hasta los 25.000 dólares, pueden crear un fideicomiso que, en algunos casos, permite a sus beneficiarios administrar su dinero y a la vez crear la ficción legal de que no lo controlan; una forma creativa de usar un pedazo de papel para esconder los bienes de potenciales acreedores, policías, agentes fiscales o exparejas.
Los operadores de la industria offshore no actúan de manera aislada. Trabajan de la mano con otros proveedores de servicios para entrelazar capas de sociedades y fideicomisos en el mundo. A mayor complejidad de las estructuras, mayores costos, pero también mayor opacidad y protección para los clientes.
Los Papeles de Pandora muestran que un contador inglés basado en Suiza trabajó de la mano con abogados en las Islas Vírgenes Británicas para ayudar al rey de Jordania, Abdulá II, a comprar 14 casas en Estados Unidos y Reino Unido de manera secreta, por más de 106 millones de dólares. Sus asesores le ayudaron a crear al menos 36 sociedades de papel entre 1995 y 2017.
En 2017, el Rey compró, a través de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, una propiedad de 23 millones de dólares con vista a una playa de surfistas en California. El rey realizó un pago extra para que otra sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, controlada por asesores de su riqueza en Suiza, actúe como directora nominee —o de papel— para la sociedad que adquirió la propiedad.
En el mundo offshore, los directores nominees son personas o compañías pagadas para actuar como fachada en lugar de la persona que realmente está detrás de una compañía. En un formulario de Alcogal, el despacho que trabajó para el Rey, se indicó que el uso de directores nominees ayudaría a “preservar la privacidad, al impedir que la identidad del beneficiario final (…) sea accesible al público”. Correos internos muestran que Alcogal y el asesor suizo discutieron también sobre distintas formas de evitar que se revelara el nombre del monarca a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas. En correos, los asesores offshore se referían a él en clave: “Ya sabes quién”.
Abogados británicos del Rey dijeron que la ley de Jordania no le obliga a pagar impuestos, y que tiene razones de seguridad y privacidad para controlar propiedades a través de sociedades offshore. Dijeron que el monarca nunca malversó fondos públicos. Los abogados también dijeron que la mayoría de las sociedades y propiedades identificadas por ICIJ no tiene conexión con el Rey o ya no existen, pero no dieron más detalles.
Expertos opinan que, como líder de uno de los países más pobres y dependientes de la ayuda extranjera en Medio Oriente, el Rey tiene motivos para no ostentar su riqueza. “Si el Rey de Jordania exhibiera su riqueza de manera más abierta no solo generaría antagonismos en su población, sino que enojaría a los patrocinadores occidentales que le dieron dinero”, dijo a ICIJ Annelle Sheline, experta en autoridades políticas y religiosas en Medio Oriente.

El primer ministro de Libano, Najib Mikati en conferencia de prensa durante su gira por Francia el 24 de septiembre de 2021
En el vecino Líbano, donde han surgido debates similares respecto de la riqueza y la pobreza, los Papeles de Pandora muestran que personajes del más alto nivel político y financiero también usaron paraísos fiscales.
Entre ellos figuran el primer ministro actual, Najib Mikati, y su predecesor Hassan Diab. También aparece el otrora zar anticorrupción del país, Muhammad Baasiri, así como Riad Salameh, el jefe del Banco Central, quien está siendo investigado en Francia por presuntas operaciones de lavado de dinero.
Marwane Keireddine, exministro de Estado de Líbano y presidente del banco Al Mawarid, también aparece entre los documentos secretos. En 2019, regañó a sus antiguos colegas legisladores por su inacción ante la terrible crisis económica. La mitad de la población estaba viviendo en la pobreza, luchando para encontrar comida a medida que las panaderías y las tiendas clausuraban. “Hay evasión de impuestos y el Gobierno necesita actuar”, dijo entonces Kheireddine.
Los Papeles de Pandora revelan que, el mismo año, Kheireddine firmó documentos como dueño de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas que controla un yate de dos millones de dólares. Su banco, además, es uno de los muchos en el país que restringió a sus clientes los retiros en dólares para mitigar la crisis económica.
“Todos los esfuerzos de mi vida se fueron en vano. He trabajado sin parar en las últimas tres décadas”, dijo a uno de los medios locales que trabajó con el ICIJ Wafaa Abou Hamdam, una viuda de 57 años que perdió todos sus ahorros por culpa de la inflación. “Seguimos luchando a diario para sobrevivir” mientras “los políticos y los banqueros (…) que se llevaron nuestros ahorros transfirieron e invirtieron su dinero en el extranjero”.
Kheireddine y Diab no respondieron a las solicitudes de comentarios. En una respuesta por escrito, Salameh dijo que reporta sus bienes y ha cumplido con todas las obligaciones vigentes en la ley del Líbano. El hijo de Mitaki, Maher, dijo que es común que las personas en el Líbano utilicen las compañías offshore “dado el fácil proceso de incorporación”, y no por un deseo de evadir impuestos.
Coalición de los corruptos
Imran Khan, la superestrella pakistaní de cricket que se volvió primer ministro con un fuerte discurso anticorrupción, se entusiasmó cuando los Papeles de Panamá de ICIJ salieron a la luz, en abril de 2016. “Las filtraciones son enviadas por Dios”, dijo.

Imran Khan de visita Cambridge el 15 de octubre de 2019
Esa filtración reveló que los hijos del entonces primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, tenían vínculos con por lo menos tres sociedades offshore. Esto dio a Khan una oportunidad para hundir a Sharif, su rival político, señalándolo como parte de la “coalición de los corruptos” que destroza Pakistán.
“Es asquerosa la manera en que se saquea el dinero del mundo en desarrollo, de personas que ya fueron privadas de los servicios básicos: salud, educación, justicia y empleo”, dijo a The Guardian, socio de ICIJ, en 2016. “Este dinero es canalizado en cuentas offshore, o en países occidentales, en bancos occidentales. Los países pobres se vuelven más pobres y los países ricos se vuelven más ricos. Las cuentas offshore protegen a estos ladrones”.
Como resultado de una investigación que surgió a partir de los Papeles de Panamá, la Corte Suprema de Pakistán removió a Sharif de su cargo. Khan logró sustituirlo en la siguiente elección nacional.
Ahora, los Papeles de Pandora colocan de nuevo la atención sobre el uso sociedades offshore que han hecho actores políticos de Pakistán.
Esta vez se revelan las operaciones offshore de personajes cercanos a Khan, incluyendo uno de sus patrocinadores financieros, y familiares de su ministro de Finanzas. Los documentos también muestran que el ministro de Recursos Hídricos de Khan, Chaudry Moonis Elahi, tuvo en 2016 contactos con ejecutivos offshore en Singapur para invertir más de 30 millones de dólares.
Elahi no respondió a peticiones para comentar sobre esta inversión. Khan no respondió a preguntas sobre los miembros en su círculo cercano, pero su portavoz dijo que la Administración de Khan ha hecho de la transparencia y la rendición de cuentas sean una prioridad, y que han incrementado el número de funcionarios públicos que deben revelar sus bienes financieros.
Otras figuras políticas en el mundo se han expresado contra el sistema offshore mientras estaban rodeados de colaboradores o allegados que controlan bienes guardados offshore. Algunos incluso han usado el sistema personalmente.
“Todos los bienes de los servidores públicos deben ser declarados públicamente para que las personas puedan cuestionar y preguntar: ¿Qué es legítimo?”, dijo el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, a un entrevistador de la BBC en 2018. “Si no pueden dar explicaciones, y me incluyo a mí mismo, entonces hay un caso por resolver”.
Los archivos filtrados exhiben a Kenyatta y su madre como beneficiarios de una fundación secreta en Panamá. Otros de sus familiares, incluyendo su hermano y dos hermanas, controlan cinco compañías offshore con bienes de más de 30 millones de dólares, según los documentos. Kenyatta y su familia no contestaron un cuestionario que les pedía sus comentarios al respecto.
El primer ministro checo, Andrej Babis, una de las personas más ricas de su país, llegó al poder con la promesa de atacar la evasión fiscal y la corrupción. En 2011, a medida que se involucraba más en la política, Babis expresó a sus votantes su deseo de construir un país “donde los empresarios harán negocios y estarán felices de pagar impuestos”.
Los documentos filtrados muestran que, en 2009, Babis inyectó 22 millones de dólares en una cadena de compañías de papel para comprar una extensa propiedad, conocida como Chateau Bigaud, en un pueblo cerca de Cannes. Un año más tarde, los registros de Francia muestran que adquirió, a través de otra sociedad de papel de Mónaco, siete propiedades a algunos kilómetros del castillo, entre ellas una villa de dos pisos con una piscina y un garaje.
Babis no incluyó estas sociedades de papel y propiedades en las declaraciones patrimoniales que debe publicar como servidor público, según documentos obtenidos por Investigace.cz, socio de ICIJ en República Checa. En 2018, un conglomerado inmobiliario controlado indirectamente por Babis compró las compañías de Mónaco que eran propietarias del castillo y la villa.
Un vocero del conglomerado dijo a ICIJ que la compañía cumple con los requisitos legales. No contestó a las preguntas sobre la adquisición de las propiedades de Babis. “Como cualquier otra entidad de negocios, tenemos el derecho de proteger nuestros secretos comerciales”, escribió. Babis no contestó a nuestras solicitudes de comentario.
Refugio para estafas
Los documentos secretos permiten contrastar ciertos pronunciamientos públicos expresados este año sobre riquezas, desigualdades y refugios offshore, en una época en que los gobiernos del mundo batallan con la caída de sus ingresos, una pandemia, el cambio climático y la desconfianza ciudadana.

Cherie y Tony Blair, en un servicio religioso en la abadía de Westminster, en Londres, en mayo de 2019
En febrero pasado, el Instituto Tony Blair para el Cambio Global urgió a los tomadores de decisiones promover, entre otras medidas, más impuestos sobre las tierras y las residencias. Blair, fundador y presidente ejecutivo del instituto, habló de cómo los ricos y las personas bien conectadas han eludido el pago de impuestos desde por lo menos 1994, cuando hizo campaña para convertirse en el líder del Partido Laborista de Reino Unido.
“Para quiénes pueden pagar los contadores adecuados, el sistema fiscal es un refugio para estafas, beneficios… y ganancias”, dijo durante un discurso en West Midlands. “No deberíamos convertir nuestras leyes tributarias en un campo de juego para los evasores fiscales, quienes pagan poco o nada mientras otros pagan más que lo que les corresponde”.
Los Papeles de Pandora muestran que, en 2017, Blair y su esposa, Cherie, se volvieron dueños de un edificio Victoriano valorado en 8,8 millones de dólares cuando adquirieron una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que controlaba la propiedad. El edificio, situado en Londres, es ahora la sede del despacho legal de Cherie Blair.
Al comprar las acciones de la compañía en lugar del edificio, los Blair se beneficiaron de un arreglo legal que les permitió evitar el pago de más de 400.000 dólares en impuestos sobre la propiedad.
Cherie Blair dijo que su esposo no estuvo involucrado en la transacción, cuyo propósito —según ella— consistió en “ingresar a la compañía y al edificio al régimen legal y regulatorio de Reino Unido”. También dijo que “no quería ser dueña de una compañía de las Islas Vírgenes Británicas” y que “el vendedor, por motivos personales, solo quería vender la compañía”. La sociedad está ahora clausurada.
“Éstos son vacíos legales que pueden aprovechar los ricos pero no las otras personas”, dijo Robert Palmer, director ejecutivo de la Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), a The Guardian. “Los políticos deben corregir el sistema fiscal para que todos paguen su justa parte”.
En junio, el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, propuso una reforma fiscal que contemplaba un nuevo impuesto de casi un 30% a las ganancias obtenidas a través de entidades offshore. Expertos estiman que los más ricos de Brasil controlan cerca de 200.000 millones de dólares en entidades fuera del país, no sometidas impuestos.
“No deberías sentir vergüenza por ser rico”, dijo Guedes. “Debes avergonzarte por no pagar impuestos”.
Después de que banqueros y líderes empresariales se opusieran al aumento de impuestos en la legislación, Guedes, también millonario y exbanquero, accedió a remover el impuesto sobre las ganancias offshore. Las negociaciones sobre la reforma fiscal siguen en curso.
Los Papeles de Pandora revelan que Guedes creó la compañía Dreadnoughts International Group en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas.
En respuesta a la revista Piauí, socio de ICIJ en Brasil, un vocero de Guedes dijo que el ministro declaró la compañía ante las autoridades de Brasil. El vocero no entregó documentos que lo demuestren, y no contestó a una pregunta sobre la remoción del impuesto a los activos offshore en la legislación.
Caja de Pandora
En diciembre de 2018, Bahamas lanzó una legislación que obligaba a las compañías y algunos fideicomisos a declarar quiénes son sus dueños reales ante una oficina de registro gubernamental. El país isleño se encontraba bajo la presión de países más grandes, entre ellos Estados Unidos, para expulsar a los evasores de impuestos y los delincuentes del sistema financiero offshore.
Algunos políticos de Bahamas se opusieron a la iniciativa. Se quejaron de que el registro ahuyentaría a algunos clientes ricos de América Latina que dejarían de hacer negocios en el Caribe. “Los ganadores de estos nuevos estándares son los Estados de Delaware, Alaska y Dakota del Sur en Estados Unidos”, dijo un abogado local.
Meses después, a principios de 2019, la familia del exvicepresidente de República Dominicana, Carlos Morales, dejó de usar a Bahamas —donde tenían algunos bienes— como refugio para su fortuna. Eligieron un nuevo lugar ubicado a 2.500 kilómetros de ahí: Sioux Falls, en Dakota del Sur.
Los Papeles de Pandora revelan movimientos de decenas de millones de dólares desde paraísos fiscales del Caribe y Europa hacia Dakota del Sur, un Estado de Estados Unidos escasamente poblado que se ha convertido en un destino atractivo para los activos extranjeros.
La familia Morales no respondió a preguntas sobre el movimiento de sus bienes de Bahamas a Dakota del Sur.
En la última década, Dakota del Sur, Nevada y más de una docena de otras entidades de Estados Unidos se han transformado en líderes de la industria del secreto financiero. En el mismo tiempo, los países más poderosos han mantenido su atención, y la de sus autoridades, en los paraísos fiscales “tradicionales”, como las Bahamas, las Islas Caimán y otras islas paradisíacas.

Vista de las Islas Caimán
Estados Unidos es uno de los actores más grandes en el mundo offshore. Es, también, el país mejor posicionado para acabar con los abusos financieros offshore, gracias al papel central que juega en el sistema bancario internacional. Como el dólar es, de facto, la moneda global, la mayor parte de las transacciones internacionales fluyen desde y hacia plazas bancarias basadas en Nueva York.
En las últimas dos décadas, las autoridades de Estados Unidos han tomado acciones para obligar a los bancos de Suiza y otros países a entregarles información sobre los estadounidenses dueños de cuentas bancarias en sus jurisdicciones.
Pero Estados Unidos está más interesado en obligar a los demás países a entregar información sobre las operaciones bancarias offshore de los estadounidenses que en compartir información sobre el dinero que se mueve a través de las cuentas bancarias, las compañías de papel y los fideicomisos registrados en su propio país.
En 2014, Estados Unidos se negó a sumarse a un acuerdo apoyado por más de 100 jurisdicciones —incluyendo las Islas Caimán y Luxemburgo— que hubiera obligado a las instituciones financieras estadounidenses a compartir la información que tienen sobre los bienes de personas extranjeras.
Año tras año en Dakota del Sur, legisladores locales han aprobado leyes diseñadas por cabilderos de la industria de los fideicomisos, que proveen cada vez más protección y beneficios a los clientes de estos fideicomisos, ya sean estadounidenses o extranjeros. El valor de los bienes guardados en fideicomisos de Dakota del Sur se disparó más de cuatro veces en la última década, hasta alcanzar 360.000 millones de dólares. Una de las principales empresas de fideicomisos presume que tiene clientes de 54 países y de 47 Estados de Estados Unidos, entre ellos más de 100 multimillonarios.
En 2020, 17 de las 20 jurisdicciones más laxas del mundo en materia de fideicomisos pertenecían a Estados de Estados Unidos, según un estudio elaborado por el académico israelí Adam Hofri-Winogradow. En muchos casos, las leyes de Estados Unidos han colocado obstáculos para que los acreedores recuperen lo que les pertenecía, como pagos por la manutención de hijos.
Con base en los documentos de los Papeles de Pandora, ICIJ y el Washington Post identificaron cerca de 30 fideicomisos basados en Estados Unidos vinculados a personas extranjeras acusadas de irregularidades o cuyas empresas han sido señaladas por malas prácticas. Entre ellos destaca Guillermo Lasso, el banquero que fue electo presidente de Ecuador en abril pasado. Documentos filtrados muestran que Lasso creó fideicomisos en Dakota del Sur hace cuatro años, en un momento en que la prensa reportaba que había usado compañías offshore para esconder sus intereses en un banco. Lasso no fue imputado por este caso.
Lasso dijo que el uso que hizo de estructuras offshore en el pasado fue “legal y legítimo” y que cumple con las leyes de Ecuador que prohíben a los servidores públicos de ser dueños de compañías offshore.
Federico Kong Vielman, cuya familia es una de las dinastías más ricas de Guatemala, es otro latinoamericano que instaló un fideicomiso en Dakota del Sur.
En 2016, Kong Vielman movió 13,5 millones de dólares a un fideicomiso de Sioux Falls. Parte del dinero provenía de la empresa familiar, que fabrica cera para pisos, labiales y otros productos.
Durante décadas, la prensa guatemalteca ha reportado los vínculos de la familia con el mundo político. En los años setenta, reportes de prensa identificaron a la familia como una aliada importante del general Carlos Manuel Arana Osorio, entonces presidente de Guatemala, conocido como el Chacal de Zacapa. En 2016, el lujoso hotel de la familia en la capital regaló un paquete de 100 noches al entonces presidente Jimmy Morales. La prensa guatemalteca sospechó que este regalo correspondía al pago de “favores políticos”.
En 2014, inspectores laborales de Estados Unidos interpusieron una demanda contra el Gobierno de Guatemala, que incluía acusaciones de que la empresa familiar productora de aceite de palma pagaba menos a sus trabajadores y los exponía a productos químicos tóxicos. Los registros corporativos de la empresa muestran que Kong Vielman fue su tesorero.
Un año más tarde, las autoridades ambientales de Estados Unidos proveyeron asistencia técnica a Guatemala y descubrieron que la empresa había arrojado contaminantes en el río Pasión. La empresa familiar, Nacional Agro Industrial SA, conocida como Naisa, no fue castigada. Naisa dijo a ICIJ que respetó la ley y no contaminó el río. La queja laboral fue resuelta en un panel de arbitraje, dijo la empresa. Kong Vielman se negó en contestar las preguntas sobre el fideicomiso de Dakota del Sur.
Este año se reformó la Ley de la Transparencia Corporativa en Estados Unidos, que hace más difícil para los dueños de ciertas sociedades esconder su identidad, pero no se prevé que esta reforma se aplique a los fideicomisos que utilizan los ciudadanos no estadounidenses. Otra excepción asombrosa, señalan los expertos en delitos financieros, es que muchos abogados que instalan fideicomisos y compañías de papel no se ven obligados a examinar el origen de la riqueza de sus clientes.
“Estados Unidos es, claramente, una gran, gran laguna en el mundo”, dijo Yehuda Shaffer, extitular la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel. “Critica a todos los demás en el mundo, pero tienen problemas muy, muy serios en su propia casa”.
“Nuestra forma de vida”
Como activista defensora de derechos humanos y contra la pobreza, Mae Buenaventura se unió a la lucha para asegurar el regreso a Filipinas de los miles de millones de dólares que el dictador Ferdinand Marcos, sus familiares y cómplices, escondieron en cuentas bancarias de Suiza y en otras ubicaciones difíciles de rastrear.
Muchos, en su país, “saben que los ricos tienen formas de acumular riquezas y también de esconderlas de tal manera que la gente común no puede dar con ellas”, dijo Buenaventura.
El escándalo Marcos también fue una lección para el mundo, y fomentó los esfuerzos para buscar el dinero ilícito y castigar a las personas que lo escondieron.
En los últimos 20 años, líderes políticos han abogado por “erradicar” los paraísos fiscales. Se han referido a las compañías de papel y al lavado de dinero como “amenazas contra nuestra seguridad, nuestra democracia y nuestra forma de vida”. Han aprobado nuevas leyes y firmado acuerdos internacionales.

Vista panorámica de Manila, Filipinas
Sin embargo, el sistema offshore nunca ha dejado de adaptarse, y la delincuencia transfronteriza, la evasión de impuestos y la desigualdad siguen prosperando.
Cuando un proveedor de servicios offshore es expuesto o sufre presiones de las autoridades, otros aprovechan su mala suerte y la transforman en un argumento para atraer hacia ellos a sus clientes que huyen hacia refugios más seguros.
Los Papeles de Pandora muestran que, después de los Papeles de Panamá, Trident Trust, uno de los proveedores de servicios offshore más importantes del mundo, se convirtió en el agente de registro de cerca de 100 compañías que anteriormente eran administradas por el despacho Mossack Fonseca, que quedó destrozado por el escándalo.
Una de estas compañías era controlada por un fideicomiso offshore, entre cuyos beneficiarios destacaba la esposa de Jacob Rees-Mogg, el militante del Partido Conservador británico y presidente actual del Parlamento británico.
Los Papeles de Pandora indican que una sociedad holding y un fideicomiso, de los que su esposa Helena de Chair era beneficiaria, tenían “fotografías y pinturas” por un valor de 3,5 millones de dólares.
Los documentos muestran que Trident Trust también ayudó a la viuda y dos hijos del criminal indio Iqbal Memon a borrar el vínculo entre sus sociedades offshore y Mossack Fonseca. La prensa ha identificado Memon como un actor importante del narcotráfico, con vínculos con terroristas. Su viuda y sus hijos son acusados de lavar dinero de la droga, y las autoridades de Nueva Delhi emitieron una orden de aprehensión en su contra en 2019.
En Filipinas, el dinero que circula en las sombras sigue siendo un problema, a pesar de la atención prestada al botín offshore de Marcos. En años recientes, el Departamento de Estado de Estados Unidos tachó a Filipinas como “una de las principales jurisdicciones de lavado de dinero”.
Las figuras filipinas de los negocios y la política que aparecen en los Papeles de Pandora incluyen Juan Andres Donato Bautista, quien fungió entre 2010 y 2015 como presidente de la Comisión Presidencial para el Buen Gobierno, un panel creado para rastrear los millones de Marcos.
Un mes después de su nombramiento a la cabeza de la comisión, Bautista creó una sociedad de papel en las Islas Vírgenes Británicas, según documentos filtrados. La compañía, Baumann Enterprises Ltd, tenía una cuenta bancaria en Singapur.
Posteriormente, Bautista fue postulado para dirigir la agencia electoral nacional, pero unos legisladores lo vetaron en 2017, después que su esposa afirmó que él reunió millones de dólares en cuentas bancarias no declaradas, tanto en Filipinas como en el extranjero.

En una llamada telefónica con ICIJ, Bautista dijo que creó la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas por consejo de unos banqueros. La declaró a las autoridades de Filipinas, y la cuenta nunca recibió depósitos significativos, dijo. Bautista negó cualquier irregularidad y dijo que no existen cargos formales en su contra. Los alegatos en su contra vienen, en parte, de la familia Marcos y sus apoyos, dijo.
“Eres el tipo que investiga el dinero malhabido, y de repente te acusan de tener dinero malhabido”, recordó haber pensado.
A pesar de los fracasos de Filipinas y otras naciones para reducir el flujo de dinero escondido, Buenaventura y otros impulsores de reformas recalcan que existen motivos de esperanza.
Después de los Papeles de Panamá estallaron protestas en Islandia y Pakistán que derrocaron a sus líderes. Filipinas se unió a decenas de países que exigen ahora a las compañías a declarar sus dueños reales. Las autoridades de Filipinas han recuperado cerca de 4.000 millones de dólares que fueron robados por Marcos y su círculo, y los usaron para comprar terrenos para campesinos sin tierras, y para compensar familiares de personas asesinadas o víctimas de “desaparición forzada” por el régimen de Marcos.
Muchos obstáculos permanecen. Los grandes bancos, despachos legales y otros grupos poderosos a menudo se oponen a la implementación de reglas de transparencia más fuertes, y a los controles más estrictos de las autoridades contra los abusos offshore. Y en Filipinas y en muchos otros países, los activistas contra la corrupción enfrentan amenazas legales, detenciones y agresiones.
El mes pasado, la Policía disparó con cañones de agua de alta presión contra manifestantes que marchaban por el 49 aniversario de la declaración de Ley Marcial de Marcos, y denunciaban medidas similares del gobierno actual de Rodrigo Duterte.
Buenaventura dijo que ella y otros activistas van a seguir trabajando para exhibir las riquezas “profundamente escondidas”.
“Nuestro lema es: la verdad saldrá a la luz”.

Contribuyeron a la historia: Scilla Alecci, Michael W. Hudson, Will Fitzgibbon, Agustin Armendariz, Sydney P. Freedberg, Margot Gibbs, Malia Politzer, Delphine Reuter, Serdar Varder and Pelin Ünker (DW Turkey), Elyssa Christine Lopez and Karol Ilagan (Philippine Center of Investigative Journalism), Pavla Holcová (Investigace, Czech Republic), Hala Nassredine (Daraj, Lebanon), Allan de Abreu (Rivista Piauí, Brazil), Leo Sisti (L’Espresso, Italy), Simon Goodley (The Guardian, U.K.), Ritu Sarin (The Indian Express), Nassos Stylianou (BBC, U.K.).
Francisco Rodríguez and Enrique Naveda (Plaza Pública, Guatemala), Debra Cenziper (Washington Post, U.S.), Emilia Díaz-Struck, Gerard Ryle, Ben Hallman, Dean Starkman, Fergus Shiel, Jelena Cosic, Spencer Woodman, Brenda Medina, Maggie Michael, Richard H.P. Sia, Kathleen Cahill, Joe Hillhouse, Mia Zuckerkandel, Asraa Mustufa, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor Gutiérrez, Pierre Romera, Madeline O’Leary, Tom Stites, Kathryn Kranhold, Margot Williams.
Antonio Cucho Gamboa, Soline Ledésert, Miguel Fiandor, Bruno Thomas, Anne L’Hôte, Madeline O’Leary, Maxime Vanza Lutaonda, Denise Hassanzade Ajiri, Jesús Escudero, Marcos García Rey, Mago Torres, Karrie Kehoe, Sean McGoey, Anisha Kohli, Fakhar Durrani, Carlos Monteiro, Douglas Dalby and Laura Bullard.
Julio Iglesias, Shakira, Pep Guardiola,, Corinna Larsen, Miguel Bosé, Claudia Schiffer, Elton John, Ringo Starr son algunos de los nombres más conocidos de una larguísima lista de personalidades que aparecen en Los Papeles de Pandora, el nombre que ha recibido la investigación que este domingo por la tarde han comenzado a publicar El País y La Sexta en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en la que han participado 600 periodistas en 117 países de, entre otros medios, The Washington Post, The Guardian y Le Monde.
Salen a relucir los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado (14 de Latinoamérica) y más de 330 cargos y políticos de 91 países, entre ellos el exprimer ministro británico Tony Blair; el antiguo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn; o el rey Abdalá II de Jordania. En los datos hay un total de 601 personas de nacionalidad española y 751 sociedades offshore -legales siempre que el propietario las declare allí donde resida- ligadas a dueños o empresas con direcciones en territorio español.
Según detalla El País, al menos 54 casos están relacionados con causas judiciales abiertas. La mayoría de los implicados habrían utilizado abogados andorranos o españoles como intermediarios para crear sociedades opacas en los paraísos más secretos del mundo, desde Belice a las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas o Islas Cook.
Este es un resumen sobre algunos de los nombres más destacados que aparecen en la investigación.
Julio Iglesias
Está vinculado a una estructura formanda por una veintena de empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, controladas por un fideicomiso, con las que organizar su patrimonio y controladas por un fideicomiso. Según El País, en 16, junto a su esposa, la holandesa Miranda Rijnsburger; en cuatro figura solo el nombre del cantante. La mayoría están vinculadas comparar activos inmobiliarios u otro tipo de bienes de lujo como yates.
La investigación ha identificado 9 propiedades en Miami, todas en los alrededores de Indian Creek, la exclusiva isla que se ha convertido en un bunker para ricos y famosos y donde Julio Iglesias ha invertido, detalla La Sexta, cerca de 112 millones dólares en cinco propiedades. El nombre de este lugar saltó a los medios de comunicación cuando Iglesias le vendió uno de los terrenos -tenía cuatro parcelas sin construir- a la hija de Donald Tump, Ivanka y a su marido Jared Jushner, por 32 millones de dólares, para construirse allí una mansión.
Iglesias, cuya fortuna estima Forbes en 800 millones de euros, es uno de los millonarios con más cantidad de empresas offshore, algunas de ellas fundadas desde finales de la década de los 90, apunta El País sobre las cuentas del cantante.
Pep Guardiola

El entrenador de Manchester City habría aprovechado la polémica amnistía fiscal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy para regularizar una cuenta en Andorra de la que fue titular hasta 2012.
Hasta ese momento no la habría declarado a Hacienda.
Su asesor fiscal, Lluís Orobitg, ha explicado a El País que solo ingresó allí el salario que percibió como jugador del Al Ahli, el club qatarí en el que entrenó entre 2003 y 2005.
En la amnistía fiscal regularizó casi medio millón de euros pagando un 10% sobre los intereses que habían generado sus fondos en los cuatro años anteriores.
Su nombre aparece en los documentos del bufete Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), uno de los que está en el centro de la investigación. Guardiola figura como apoderado de la sociedad de Panamá Repox Investments constituida en 2007.
Según su asesor no tuvo actividad y se constituyó a iniciativa del banco de Andorra donde el deportista tenía cuenta corriente.
Shakira

Su nombre está en tres empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas creadas en 2019 a través del despacho panameño OMC, un momento que coincide con la investigación de la Hacienda española a sus cuentas.
Miguel Bosé

Según la documentación que publica El País, ha sido accionista de una sociedad en Panamá abierta a través de una entidad de banca privada suiza. El nombre del cantante se ha encontrado en los certificados de acciones de la sociedad offshore Dartley Finance de 2016, mientras él residía en Panamá. La compañía sigue activa.
Corinna Larsen

La que fuera amiga del rey Juan Carlos planeó en 2007 que los gestores que administraran un fideicomiso desde Nueva Zelanda entregaran al emérito, en caso de que ella muriera, “el 30% de los ingresos provenientes del Fondo de Inversiones Hispano Saudi” que el anterior jefe del Estado había patrocinado y para el que ella había trabajado. Según El País, los documentos, sin firmar, se crearon 14 días antes de que se registrara en Guernsey el fondo hispano saudí impulsado por ambos países. El abogado de Larsen ha dicho al diario que esos documentos son falsos.
Abdalá II

Los reyes Rania y Abdalá II de Jordania
El rey de Jordania compró tres mansiones en Malibú (California) valoradas en 68 millones de dólares, según una investigación del Washington Post a la que hace referencia El País. Lo hizo a través de tres sociedades opacas de las Islas Vírgenes Británicas. La investigación del consorcio de periodistas de investigación destaca que el monarca está vinculado a más de una treintena de sociedades que ha empleado para adquirir 14 residencias en Estados Unidos y Reino Unido. Sus abogados afirman que la ley de Jordania no le obliga a pagar impuestos y que usó las compañías offshore por motivos de privacidad y seguridad. Además, rechazan que haya malversado recursos públicos.
Elton John

Cuenta con más de una docena de compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas para canalizar sus ingresos derivados de diferentes actividades. Su marido, David Furnish, figura como director en todas ellas.
Ringo Starr

El que fuera batería de los Beatles creó dos compañías en Bahamas utilizadas para comprar propiedades inmobiliarias. También aparecen en Los Papeles de Pandora, al menos, cinco fideicomisos en Panamá: tres para seguros de vida que tienen a sus hijos como beneficiarios y otro para sus ingresos por royalties y conciertos.
La UE recorta su lista de paraísos fiscales pese a los Papeles de Pandora

Aspecto de la costa próxima al puerto de Victoria (Seychelles).
Los países de la Unión Europea sacaron este martes de su «lista negra» de paraísos fiscales a Seychelles, Anguila y Dominica, un recorte que ha hecho arreciar aún más las críticas contra este repertorio por llegar en pleno escándalo de los Papeles de Pandora, que revelan el uso de estos refugios tributarios por parte de la élite mundial.
La investigación destapada el domingo ha reabierto el debate sobre las normas europeas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, que se reforzaron tras los Papeles de Panamá en 2016, y ha llevado a eurodiputados de todo el arco político y ONG a pedir más dureza contra unas actividades que cada año privan a las arcas públicas de millones de euros en impuestos.
Pese a ello, los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete aprobaron hoy un cambio que deja la «lista negra» en nueve países: Panamá, Samoa Americana, las islas Fiyi, Guam, Palau, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu.
Seychelles, Anguila y Dominica figuran ahora en la lista «gris» de países que se han comprometido a adoptar reformas.
«El Consejo decidió hoy transferir de la lista negra a la gris a tres países. La razón es que se comprometieron con lo que les pedíamos: garantizar que no solo las empresas, sino también las sociedades colectivas, demuestren tener una actividad real, y se comprometieron a aplicar legislación en ese sentido», declaró el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
El político se expresó así en la rueda de prensa posterior a la reunión de titulares económicos de la UE en Luxemburgo.
Aseguró que revelaciones como las de los Papeles de Pandora son «una especie de propulsor para iniciativas» políticas de la Eurocámara y la Comisión Europea.
En ese sentido, recordó que el Ejecutivo comunitario presentará antes de fin de año una propuesta legislativa sobre las empresas fantasma.
Insistió en que con su lista la UE busca usar su «influencia» para promover cambios en los países.
«¿Está esto funcionando como debería? Bueno, por supuesto, no por completo porque todos sabemos que la elusión de impuestos, los paraísos fiscales, siempre están buscando y encontrando nuevos caminos. Pero, en principio, creo que este es el camino que debemos seguir, hacer presión y utilizar la influencia para provocar cambios», admitió Gentiloni.
Reconoció, sin embargo, que los criterios para elaborar la lista «podrían debatirse».
«Si se pudiera aprobar una legislación más estricta, estaría siempre a favor», constató.
Aunque la actualización del listado estaba programada, puesto que la lista se revisa cada seis meses, coincide con la filtración desvelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que muestra cómo políticos, millonarios, famosos y delincuentes usaron una maraña de fideicomisos y sociedades pantalla en territorios como Panamá, Bahamas, Andorra, Dakota del Sur en EE.UU. y las propias Seychelles, entre otros.
Estos y otros territorios considerados paraísos fiscales se caracterizan por una regulación opaca que dificulta saber quién está realmente detrás de las empresas y facilita escapar al fisco. Y, si bien la creación de sociedades «offshore» no es ilegal, con frecuencia se utilizan para eludir el pago de impuestos.
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