Ensayos nucleares Islas Marshall (historia) …

Ajuntament de Girona(J.Boadas i Raset/P.Saavedra Bendito)  —  En marzo de 1946 la marina norteamericana evacuaba los habitantes del atolón de Bikini y, pocos meses después, en julio de ese mismo año, empezaban los ensayos con bombas atómicas.

En total se realizaron 67 pruebas nucleares entre 1946 y 1958 que tuvieron un efecto devastador en el medio natural y en la salud de las personas.

Durante décadas los habitantes de Bikini y otras islas sufrieron todo tipo de dificultades: se vieron obligados a dejar su tierra natal para ser reubicados en lugares inhóspitos, desarrollaron graves enfermedades a causa de la radiación, como varios tipos de cáncer, y vieron como su tierra se volvía herma y dejaba de ser productiva a causa de la contaminación.

A finales del siglo pasado el gobierno de las Islas Marshall comenzó a interponer una serie de demandas contra el gobierno de los Estados Unidos para reclamar compensaciones por los daños provocados por las pruebas nucleares y algunos de estos litigios todavía hoy están abiertos.

Actualmente las Islas Marshall son noticia, lamentablemente, por otro trágico fenómeno que tiene que ver con la actividad humana y es que, a consecuencia del cambio climático y la subida del nivel del océano, las inundaciones se suceden cada vez con más frecuencia provocando destrozos y obligando a evacuar la población.

Hay que tener en cuenta que las islas e islotes que forman este Estado emergen tan solo unos pocos metros sobre el nivel del mar y que la subida de las aguas podría comportar en algunas décadas su desaparición.

La República de las Islas Marshall, nombre oficial del estado, es un conjunto de islas ubicadas en el Océano Pacífico, cerca de la línea del Ecuador y ligeramente al oeste del antimeridiano, a medio camino entre Australia y Hawaii.

Tiene una población de unos 54.000 habitantes, la mayoría de los cuales viven entre Majuro, la capital, y Ebeye (gran parte de los atolones están deshabitados).

Su economía depende en gran parte del dinero que los Estados Unidos aporten como compensación por los daños causados por las pruebas nucleares.

Los idiomas oficiales son el marshalés y el inglés.

Como hemos dicho, estas islas no emergen mucho del nivel del mar, 8 m el punto más alto y 2,1 m de media, por lo cual es una de las zonas del mundo más amenazadas por el calentamiento global, ya que un pequeño aumento del nivel del mar supondría la inundación de la mayor parte del territorio.

El territorio de las Islas Marshall comprende 29 atolones de coral (cada uno de los cuales está formado por muchos islotes) y 5 islas, que se dividen en dos archipiélagos llamados Ratak (amanecer) y Ralik (atardecer).

El territorio ocupa una extensión aproximada de un millón de Km², una extensión similar a la de Méjico, de las cuales el área emergida, formada por 1.152 islas e islotes, representa una ínfima parte, solo 176 Km², es decir, unas cuatro veces la ciudad de Girona, o para aquellos que no conozcan la ciudad, una extensión 9 veces más pequeña que la ciudad de Londres.

Sus vecinos más próximos son los Estados Federados de Micronesia al oeste, la República de Nauru al sur y la República de Kiribati al sureste.

En cuanto a su historia, no hay demasiada información del período anterior a la llegada de los europeos, pero se cree que fueron colonizadas por micronesios en sucesivas oleadas migratorias.

El primer europeo en pisar las Islas Marshall fue el navegante español Alonso de Salazar en 1526, pero el intercambio con las islas fue mínimo hasta finales del siglo XVIII cuando desembarcaron los ingleses capitaneados por John Marshall (que daría nombre a las islas) y Thomas Gilbert.

En el año 1874 los poderes internacionales reconocieron la soberanía española sobre las islas como parte de las Indias Españolas del Este, pero esto no impidió que el Imperio Alemán estableciera una base comercial permanente y que las Marshall fueran declaradas protectorado alemán en el año 1885.

El protectorado alemán establecía un pacto según el cual el gobierno de las islas continuaba a cargo de los jefes tribales.

En 1914, con el estallido dela Primera GuerraMundial, los japoneses asumieron el control militar de los principales atolones, control que quedó reforzado después del Tratado de Versalles, por el cual Alemania perdía todas sus colonias en el Pacífico.

Durante la Segunda GuerraMundial tuvieron lugar importantes batallas entre los ejércitos de Estados Unidos y Japón. Una vez terminada la guerra, los Estados Unidos, como bando vencedor, se hizo cargo de su administración.

En el año 1947 el gobierno de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con el Consejo de Seguridad de la ONU para administrar las Islas Marshall como Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico. Entre 1946 y 1958 tuvieron lugar en algunos de los atolones 67 pruebas nucleares que hicieron que este lugar paradisíaco fuera considerado por la Comisión de la Energía Atómica de los Estados Unidos como el lugar más contaminado por radiación del planeta.

En 1979 los Estados Unidos reconocieron la Constitución y el gobierno de la República de las Islas Marshall y en 1986 entró en vigor el Tratado de Libre Asociación que concedía a la República de las Islas Marshall su plena soberanía. El procedimiento de independencia acabó formalmente en el derecho internacional en 1990, cuando la ONU dio por finalizada oficialmente la condición de tutela.

Recientemente, las autoridades de las Islas Marshall han tratado de implicar a las Naciones Unidas para que asuman su parte de responsabilidad al permitir que los Estados Unidos pudieran llevar a cabo los ensayos nucleares mientras actuaban como un administrador de la ONU y, en este sentido, le piden que presione al gobierno de los Estados Unidos para que termine de proporcionar una compensación adecuada.

En septiembre de 2012 Calin Georgescu, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y residuos tóxicos, en su informe sobre las Islas Marshall destacó que las pruebas nucleares habían supuesto para las comunidades la pérdida de su forma de vida indígena y que habían tenido consecuencias negativas a largo plazo en la salud de las personas.

Por ello alentó a los Estados Unidos a cumplir con sus responsabilidades con el pueblo marshalés proporcionando una «financiación completa para que el Tribunal de Reclamaciones Nucleares pudiera otorgar una compensación adecuada a las reclamaciones presentadas».

Hoy en día las cuestiones nucleares permanecen en el centro de la compleja relación geopolítica entre los Estados Unidos y las Islas Marshall. Las secuelas persisten.

La población de las islas sufre problemas de salud incluyendo altas tasas de cáncer y de diabetes; no existen oncólogos permanentes ni tratamiento adecuado contra el cáncer como quimioterapia o radioterapia, y no hay un consenso entre el Departamento de Energía de Estados Unidos y el gobierno de las islas sobre los efectos de la exposición durante y después de las pruebas.

Pero al margen de los problemas provocados por la incidencia directa de la radiación, existen otros como el paro, el consumo de alcohol entre los jóvenes o la diabetes y la obesidad causada por el consumo de productos procesados ​​de importación como el pollo y el arroz

Una de las ventajas del pacto con Estados Unidos es que los ciudadanos de las Islas pueden trabajar en ese país indefinidamente sin necesidad de visado. Los estudiantes más prometedores a menudo emigran o se alistan en el ejército y rara vez vuelven. Las relaciones bilaterales contemplan también la existencia de becas.

El ejército de Estados Unidos todavía tiene en arrendamiento un puñado de islas al norte del atolón de Kwajalein. Actualmente la principal amenaza para las Islas Marshall es el cambio climático que se manifiesta en grandes mareas que obligan a evacuar gran cantidad de personas y de alguna manera hacen volver «los fantasmas del pasado».

Entre 1946 y 1958 el ejército de Estados Unidos llevó a cabo pruebas nucleares en las Islas Marshall de manera continuada, 43 en el atolón Enewetak, 23 en el atolón Bikini, y una aproximadamente a 85 millas de Enewetak.

En conjunto las 67 pruebas nucleares tuvieron una potencia 7.000 veces superior a la bomba lanzada sobre Hiroshima.

La más destacada fue la bomba de Hidrógeno llamada Bravo, con una fuerza equivalente a 1.000 veces la bomba de Hiroshima.

Las bombas tuvieron importantes repercusiones en el medio ambiente así como en la salud de las personas, incluso en poblaciones supuestamente alejadas del peligro como Rongelap o Utrik, que debido a los vientos y las lluvias ácidas estuvieron sometidas a radiaciones nucleares. Los habitantes de Enewetak y Bikini tuvieron que sufrir, además, la expulsión de sus tierras.

Uno de los lugares más castigados por las pruebas nucleares fue el atolón Bikini, hoy catalogado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Además de las consecuencias directas causadas sobre el territorio, la población tuvo que sufrir varios desplazamientos.

Todo comenzó en febrero de 1946 cuando el comodoro Ben H. Wyatt, gobernador militar de las Islas Marshall, viajó a Bikini y convenció el jefe local, el rey Juda, de abandonar temporalmente el atolón y hacer posible que los Estados Unidos llevaran a cabo unas pruebas con bombas atómicas, con el argumento de que «serían muy positivas para la humanidad ya que servirían para acabar para siempre con las guerras mundiales».

La población indígena fue desplazada por el ejército de los Estados Unidos en marzo del mismo año al atolón Rongerik que estaba deshabitado. Se trataba de un lugar más pequeño, donde había dificultades para encontrar agua y alimentos, lo que les supuso problemas de desnutrición.

En otoño del mismo año un equipo de investigadores de Estados Unidos determinó que Rongerik no podía garantizar un suministro suficiente de agua y alimentos por lo que los indígenas debían ser trasladados sin demora ya que se estaban muriendo de hambre.

Se les preparó para ser trasladados al atolón de Ujelang, en las Islas Marshall occidentales, pero cuando todo estaba a punto el Gobierno de Estados Unidos decidió realizar nuevas pruebas nucleares en el atolón de Enewetak y pensaron que sería más fácil trasladar a Ujelang los habitantes de Enewetak, aunque la gente de Bikini ya había construido sus viviendas y habían depositado sus esperanzas de ser reubicados allí.

En marzo de 1948, después de dos años a Rongerik y bordeando la inanición, el pueblo de Bikini fue trasladado al atolón de Kwajalein y las familias fueron alojadas en unos campamentos junto a las instalaciones militares de Estados Unidos. En noviembre de 1948, después de seis meses en el atolón de Kwajalein, las 184 personas originarias de Bikini zarparon de nuevo, esta vez con destino a la isla de Kili, su tercera residencia en sólo dos años.

El atolón de Enewetak fue el lugar donde se llevaron a cabo más pruebas nucleares, concretamente 43. Se calcula que aproximadamente el 8% de la masa terrestre del atolón se volatilizó.

Una de las más devastadoras fue la bomba bautizada como Mike, con una potencia de 10.4 megatones, 750 veces la bomba de Hiroshima.

La bomba Mike volatilizó la isla de Elugelab y creó un cráter de una milla de diámetro (1,6 Km) y 200 pies de profundidad (61 m).

Los habitantes de Enewetak vivieron exiliados en Ujelang por un período de más de treinta años. La vida en Ujelang era muy dura y eran frecuentes los casos de malnutrición, enfermedades y epidemias.

Hay que tener en consideración también, además del sufrimiento físico, el trauma por la pérdida de la tierra de los ancestros, aún más doloroso en una sociedad como la marshalesa profundamente arraigada a su tierra.

En 1958 se terminaron las pruebas nucleares, pero los Estados Unidos continuaron utilizando el atolón de Enewetak hasta 1980 para diferentes propósitos, como pruebas con misiles intercontinentales y con motores de cohetes (algunos de los cuales utilizaban berilio, un elemento muy contaminante), experimentos en la formación de cráteres o estudios sobre la biología marina.

Entre 1977 y 1980 se produjeron los trabajos de limpieza, rehabilitación y reasentamiento de los habitantes de Enewetak aunque éstos sólo pudieron ocupar una parte del atolón ya que el resto continuaba presentando altos niveles de radiactividad.

Una de las pruebas más devastadoras fue la llamada operación Castle Bravo, lanzada sobre el atolón Bikini el 1 de marzo de 1954, en la que se detonó una bomba de hidrógeno con una potencia de 15 megatones, 1.000 veces superior a la bomba de Hiroshima.

La operación Bravo tuvo graves consecuencias ya que los vientos llevaron una lluvia de ceniza radiactiva sobre los atolones de Rongelap, Ailinginae y Utrik. Como la operación se había llevado en secreto, los 236 habitantes de aquellas islas no habían sido evacuados y resultaron irradiados.

Aproximadamente unas cinco horas después de la explosión de la bomba, la lluvia radiactiva empezó a caer sobre los habitantes de las islas. Aquellas personas, que no sabían nada de lo que pasaba, vieron una bola de fuego en el horizonte y como horas después comenzaba a llover ceniza hasta formar una capa de unos centímetros de espesor.

Algunas horas más tarde comenzarían a experimentar los signos físicos de la exposición a la radiación en forma de vómitos, diarrea y caída del cabello.

Uno de los testigos que en el momento de la explosión tenía 14 años lo explicaba así ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2012 [1]: «Yo estaba jugando cuando los residuos venenosos de la bomba cayeron sobre mí.

No sabía lo que era pero como parecía nieve empecé a jugar con ella.

Pero de repente me quemaron los ojos y la boca.

Más adelante, por la noche, estaba muy enfermo.

Todas las personas en la isla estaban muy enfermas, especialmente los niños. Al día siguiente, mi piel estaba agrietada y cubierta de llagas.

Tenía quemaduras en la piel y mucho dolor. Mi cabello comenzó a caer. Después de dos días de beber agua contaminada, comer alimentos contaminados y respirar aire contaminado, fuimos evacuados por los Estados Unidos… »

No fue hasta 50 horas después de la explosión que la Marina de los Estados Unidos trasladó las personas hasta el atolón Kwajalein para recibir atención médica. Los habitantes de Utrik volvieron a casa meses más tarde pero los de Rongelap no pudieron hacerlo hasta después de tres años.

Entre 1954 y 1957 la gente de Rongelap vivió primero en la isla de Ebeye, después a Kwajalein y luego a la isla de Ejit, en el atolón de Majuro, bajo diversas circunstancias de privaciones, penurias y la angustia por la pérdida de su casa.

En 1957 fueron informados a través de la Comisión de Energía Atómica del Gobierno de Estados Unidos que era seguro volver a Rongelap y en junio de ese mismo año fueron devueltos a la isla, con la advertencia de no comer los alimentos que allí crecían.

Sin embargo, el suministro inadecuado y poco frecuente hizo que muchos de los habitantes hicieran caso omiso de aquella advertencia.

Según otros testigos, en los años posteriores algunas de las personas expuestas a la contaminación murieron y otros desarrollaron varios tipos de cáncer.

Los testigos también hablan de un alto número de abortos y de niños que nacían con malformaciones. Algunas de las personas afectadas fueron objeto durante décadas de un programa secreto de investigación médica cuyo objetivo era obtener datos valiosos sobre los efectos tardíos de la radiación en las personas .

En 1982 el Departamento de Energía de los Estados Unidos publicó los resultados de un estudio radiológico de las islas del norte que sugería que la contaminación radiactiva a Rongelap era todavía elevada y que, por tanto, no era un lugar seguro para vivir.

En los años posteriores los habitantes de Rongelap fueron reubicados de nuevo, principalmente a la isla de Mejatto, en el atolón de Kwajalein. En 1999 comenzó el proyecto de limpieza y rehabilitación de la isla para hacerla habitable.

Cabe recordar que los Estados Unidos no es el único estado que ha realizado pruebas con armamento nuclear y que las Islas Marshall no es el único lugar del mundo que las ha sufrido.

La última detonación nuclear realizada por los Estados Unidos tuvo lugar en 1992; la Unión Soviética hizo pruebas con este tipo de armamento hasta 1990, el Reino Unido hasta 1991, y Francia y China hasta 1996.

Posteriormente, la India y Pakistán, que no forman parte del acuerdo de prohibición de ensayos nucleares, detonaron bombas atómicas hasta el 1998. En la actualidad el único país que sigue realizando este tipo de pruebas es Corea del Norte.

El 5 de agosto de 1963 se firmó el Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares, ratificado en primera instancia por el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Soviética, y más adelante por muchos otros países.

El tratado comprometía los estados a abstenerse de probar armas nucleares en la atmósfera o bajo el agua pero permitía que se continuaran realizando pruebas subterráneas.

Unos años más tarde, el 5 de marzo de 1970 se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear con la intención de reducir el arsenal nuclear en el mundo y evitar los enormes riesgos que conlleva.

El 10 de septiembre de 1996 se firmó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares que no ha sido ratificado aún por India, Pakistán y Corea del Norte.

Pocos meses antes de la firma de este tratado, el ejército francés realizó pruebas nucleares en el atolón de Mururoa que levantó grandes campañas de protesta a nivel internacional.

El 29 de agosto se celebra el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares que conmemora el cierre, hace 25 años, del polígono de Semipalatinsk en Kazajstán, donde se realizaron más de 450 pruebas nucleares.

Para recordar esta efeméride el pasado mes de agosto, Ban Ki Moon, secretario general de las Naciones Unidas, instó a los estados que aún no lo han hecho a ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares teniendo en cuenta los riesgos catastróficos que plantea este tipo de armamento para la seguridad humana y ambiental, y en definitiva para nuestra propia existencia.

El Tribunal de Reclamaciones Nucleares

En la década de los 80 los habitantes de las islas Marshall comenzaron a interponer una serie de demandas contra los Estados Unidos por los daños causados a consecuencia del programa de pruebas nucleares.

Las demandas buscaban una compensación por daños y perjuicios e involucraban los habitantes de Enewetak y Bikini así como de los otros atolones e islas del norte afectadas por la contaminación radiactiva.

Durante este período se produjo el acuerdo que regiría a partir de entonces las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la República de las Islas Marshall, el conocido como Tratado de Libre Asociación que concedía al nuevo estado insular su soberanía.

El tratado fue aprobado en 1983 en un plebiscito por un 60% de los votantes de las Islas Marshall y en 1986 por el Congreso de los Estados Unidos.

En el marco de este tratado se acordó incluir la Sección 177 en la que los EEUU reconocían las contribuciones y los sacrificios que el pueblo de las Islas Marshall había hecho en el programa de pruebas nucleares y aceptaban la responsabilidad de indemnizar a sus ciudadanos por la pérdida y los daños en las propiedades y en la salud de las personas.

En virtud de la Sección 177, los Estados Unidos se comprometieron a proporcionar a las Islas Marshall la suma de 150 millones de dólares para crear un fondo fiduciario que garantizara el pago de las indemnizaciones y la atención médica.

El acuerdo también establecía que esta suma resolvía todas las reivindicaciones pasadas, presentes y futuras que se pudieran presentar. Este fondo se fue distribuyendo entre los pueblos de Bikini, Enewetak, Rongelap y Utrik para el tratamiento médico, la vigilancia radiológica y el pago de las compensaciones.

El acuerdo de la Sección 177 también preveía la creación de un Tribunal de Reclamaciones Nucleares con jurisdicción para «determinar sobre las reclamaciones pasadas, presentes y futuras del Gobierno, ciudadanos o habitantes de las Islas Marshall relacionadas de cualquier forma con el programa de pruebas nucleares «.

El Tribunal debía ser independiente de los poderes legislativo y ejecutivo del Gobierno de las Islas Marshall y se le conferían las atribuciones para promulgar órdenes, procedimientos y reglamentos, proveer los fondos necesarios para el funcionamiento del tribunal y establecer y autorizar los pagos de las compensaciones con cargo al Fondo de Reclamaciones.

El Tribunal de Reclamaciones Nucleares de las Islas Marshall empezó a operar en 1988.

Desde el principio de su existencia, uno de los objetivos del tribunal fue desarrollar un sistema adecuado para determinar la compensación por lesiones personales.

En este sentido, se debía establecer una relación de causalidad entre el programa de pruebas nucleares y las condiciones médicas de los reclamantes. El Tribunal llevó a cabo estudios científicos radiológicos y buscó consejos de médicos expertos.

También examinó modelos de compensación de otros países y en especial de los Estados Unidos. Uno de los modelos que tuvo en cuenta fue la llamada «Ley Downwinders» que aprobó el Congreso de los Estados Unidos en 1990 para compensar los civiles estadounidenses afectados por las pruebas nucleares llevadas a cabo en el estado de Nevada entre 1951 y 1962.

Aunque había diferencias entre los dos casos, parecía un punto de partida razonable.

En agosto de 1991 el Tribunal comenzó a poner en práctica su programa de indemnizaciones por lesiones personales.

Respecto a las indemnizaciones por daños a la propiedad, el Tribunal decidió que la forma más adecuada para hacer frente a estas demandas era a través de una serie de «Class Action», una figura jurídica muy presente en EEUU según la cual en un litigio una de las partes es un grupo de personas que están representados colectivamente por un miembro de este grupo.

La cuestión de las compensaciones por daños a la propiedad se organizó a través de cuatro «Class Action» o demandas colectivas para los atolones de Enewetak, Bikini, Rongelap y Utrik

Las reclamaciones por daños a la propiedad se dividían en diferentes categorías: la pérdida de la propiedad privada; el coste de restauración, que incluía la limpieza de la contaminación radiológica, la rehabilitación del suelo y los costes de reasentamiento, y los daños indirectos referidos tanto al sufrimiento por el exilio como a las dificultades del retorno.

Durante la década de los 90 el Tribunal de Reclamaciones Nucleares estableció una serie de compensaciones económicas por los diferentes conceptos que ascendían a cientos de millones de dólares.

El 13 de abril de 2000, por ejemplo, el Tribunal estableció una indemnización de 324.949.311 $ para los demandantes de Enewetak y un año más tarde, el 5 de marzo de 2001, el Tribunal estableció una indemnización para los demandantes de Bikini por un total de 561.315.500 $.

A pesar de estas compensaciones millonarias, el tribunal no tenía más fondos que los 150 millones del fondo fiduciario, que se mostró claramente insuficiente para hacer frente a las indemnizaciones. Así pues, en septiembre del año 2000 el gobierno de la República de las Islas Marshall envió al Congreso de Estados Unidos una petición de «cambio de circunstancias».

La petición pedía una compensación adicional de 3.000 millones de dólares por lesiones personales, daños a la propiedad y costes de restauración, y para los programas de atención médica y salud, infraestructura de servicios, formación y seguimiento radiológico.

La petición de «cambio de circunstancias» quedaba amparada por el artículo IX de la Sección 177 del Tratado de Libre Asociación, que contemplaba una posible compensación adicional en caso de daños a bienes o personas ocurridos o descubiertos en una fecha posterior a la vigencia del acuerdo.

La petición argumentaba que existía información nueva y adicional posterior a la promulgación del Tratado, como nuevos datos que apuntaban a una mayor extensión de la lluvia radiactiva o las más recientes normas de protección radiológica que establecían nuevos baremos de seguridad. La nueva información aparecida constituía, pues, un «cambio de circunstancias».

Uno de los documentos en que se fundamentaba esta petición era un informe de 1973, desclasificado en los años 90 durante la administración Clinton, que indicaba que las secuelas de la prueba Bravo habrían afectado posiblemente 13 atolones, incluyendo Ailinginae, Kwajalein, Wotho y Wotje y que las explosiones posteriores podrían haber afectado algunas de las mismas áreas.

En noviembre de 2004 se publicó un informe realizado por un grupo interdepartamental del gobierno de Estados Unidos formado por los departamentos de Estado, Energía y Defensa, en el que se evaluaba la base jurídica y científica de la petición.

El informe concluía que la solicitud de las Islas Marshall no se podía sustentar en el sentido del artículo IX del Tratado y que en consecuencia, no había base legal para considerar los pagos adicionales. En el informe también se manifestaba que, de acuerdo con las estimaciones del gobierno, los Estados Unidos se habían gastado, hasta 2004, 531 millones de dólares para la compensación de los ensayos nucleares y la asistencia a las Islas Marshall y que existían acuerdos para continuar aportando cientos de millones de dólares en diferentes programas durante los próximos 20 años.

El proyecto para preservar la documentación generada por el Tribunal de Reclamaciones Nucleares comenzó en 2012 cuando la Fundación Elsevier, dedicada a promover la ciencia y la tecnología a países en desarrollo, otorgó una subvención al Tribunal de Reclamaciones Nucleares para conservar y digitalizar sus documentos.

Los fondos de la fundación iban destinados a adquirir un ordenador y un escáner, así como lograr la participación de profesionales de los archivos y contratar a un trabajador para los trabajos de digitalización.

La archivera Trudy Peterson hizo en 2012 dos viajes a Majuro para estudiar la documentación y desarrollar un plan de preservación.

En un principio parecía que se podía contratar a una persona para que pudiera pasar dos meses trabajando en el tratamiento archivístico de la documentación pero, finalmente y por diversas razones, esto no fue posible.

El mismo año 2012, Trudy Peterson y Joan Boadas, jefe del Archivo Municipal de Girona, coincidieron en una reunión del Consejo Internacional de Archivos en Weimar (Alemania).

Allí Trudy Peterson expuso a Boadas la situación del fondo sonoro y audiovisual de las Islas Marshall.

Peterson sabía que en el Archivo Municipal de Girona, concretamente en el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) dependiendo del mismo ayuntamiento, tenían experiencia en el tratamiento de la documentación audiovisual, y por ello le planteó a Boadas la posibilidad de establecer un convenio de colaboración entre las Islas Marshall y el Ayuntamiento de Girona. El convenio se materializó en octubre de 2012.

La primera remisión del material llegó de la mano de Bill Graham, uno de los abogados que participó en el proceso del Tribunal de Reclamaciones Nucleares en representación del gobierno de las islas. Graham transportó las cintas de casete en una maleta de ruedas que pasó las fronteras de Estados Unidos, Suiza y España.

A la salida de las Islas Marshall un policía hizo abrir la maleta a Bill Graham y cuando le preguntó por el contenido, él le explicó que eran las cintas del Tribunal de Reclamaciones Nucleares. Ante la sorpresa del abogado, el policía lo dejó pasar sin más.

La digitalización de la documentación audiovisual comenzó en el CRDI en octubre de 2013 y en febrero del año siguiente había finalizado. Más adelante, se produjeron otras transferencias de documentación, la última en julio de 2016, y en la actualidad toda la documentación ha sido digitalizada.

Paralelamente, a principios de 2014, Trudy Peterson propuso al Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza que aportara fondos para reiniciar el proyecto de digitalización de la documentación textual.

A principios de 2015 la propuesta fue aprobada y la organización no gubernamental SwissPeace fue contratada por el Ministerio para administrar los fondos. En marzo del mismo año, Peterson y el archivero Andreas Nef viajaron a Majuro con un nuevo escáner y dos discos duros de gran capacidad para almacenar la documentación digital.

Al mismo tiempo también se llevó a cabo la formación del personal que llevaría a cabo la digitalización. En septiembre Andreas Nef volvió a Majuro y se hizo una nueva donación de dos ordenadores portátiles a cargo de Swiss Peace y DocuTeam.

Durante el verano de 2015 la organización Greenpeace también hizo una generosa donación al proyecto para conmemorar el 30 aniversario del viaje del Raimbow Warrior que transportó la gente de una zona contaminada del atolón Rongelap en la isla de Mejatto, hasta el atolón Kwajalein. Los fondos han sido destinados a pagar dos personas más que trabajarán en la digitalización y un segundo escáner.

Actualmente existen negociaciones con los Archivos Federales de Suiza para que se ocupen del almacenamiento permanente de las copias digitales.

El convenio para la digitalización, almacenamiento y acceso del fondo sonoro y audiovisual del Tribunal de Reclamaciones Nucleares de las Islas Marshall se firmó en octubre de 2012 entre dicho tribunal y el Ayuntamiento de Girona.

El convenio establecía, en líneas generales, que los documentos sonoros y audiovisuales del Tribunal fueran trasladados a Girona para su digitalización y almacenamiento digital, y que después regresaran a su lugar de origen.

El convenio fue firmado por Filimon Manoni, Abogado General de la República de las Islas Marshall, en representación del Tribunal de Reclamaciones Nucleares; Bill Graham, Coordinador de preservación de documentos, en representación del Gobierno de la República de las Islas Marshall, y Carles Puigdemont Casamajó, alcalde de Girona, en representación del Ayuntamiento de Girona.

A día de hoy podemos decir que todos los acuerdos del convenio se han cumplido satisfactoriamente. Los documentos originales han vuelto a su lugar de origen y el Archivo Municipal de Girona preserva de forma segura las copias digitales, de tal forma que sean accesibles por parte del Tribunal.

El fondo sonoro y audiovisual del Tribunal de Reclamaciones Nucleares de las Islas Marshall está formado por 507 cintas de casete que contienen un total de 498 horas de sonido, y por 62 cintas de vídeo (40 en formato VHS y 22 en formato Hi8) que suman 103 horas de imagen en movimiento y sonido.

El grueso de este fondo ingresó en el archivo en septiembre de 2012 pero, desde entonces se han hecho otras transferencias de documentación en julio de 2013, en marzo de 2016 y la última, en julio de 2016.

El convenio no contempla la descripción de los contenidos de los documentos pero podemos decir, de forma genérica, que estos contienen las grabaciones de las audiencias del Tribunal con las declaraciones de los testigos y expertos. Las lenguas de los documentos son el inglés y el marshalés.

La primera actuación sobre el fondo consistió en organizar la documentación y registrar en una base de datos toda la información externa inscrita en las etiquetas y las cajas de las cintas de casete y de vídeo.

De la información obtenida, podemos establecer la cronología de las cintas de casete entre agosto de 1989 y octubre de 2007, mientras que los vídeos abarcan un período que va desde septiembre de 1997 hasta julio de 2002.

En octubre de 2013 comenzó la digitalización de los documentos sonoros y los vídeos, tomando como modelo los estándares de calidad que marcan los organismos internacionales como la IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives).

Durante el proceso de digitalización los documentos estuvieron almacenados en cajas de archivo en los depósitos del Archivo Municipal de Girona y una vez finalizado este proceso, tal y como establece el convenio, los documentos fueron devueltos a su lugar de origen, junto con las copias digitales.

En febrero de 2017 retornaron a las Islas Marshall los últimos casetes y vídeos que habían ingresado en el Archivo Municipal de Girona durante 2016.

Junto con los materiales originales se envió al Tribunal de Reclamaciones Nuclears de las Islas Marshall un informe sobre el tratamiento del fondo.

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