El escándalo de las cámaras porno ocultas: el rincón de la vergüenza …

XL Semanal(D.Méndez)/El Ciudadano(P.Pérez)  —  Un centenar de mujeres descubrieron que su cara y sus partes íntimas estaban colgadas en páginas porno. Habían sido grabadas, sin saberlo, mientras orinaban en la calle durante las fiestas en un pueblo de Galicia. El juez acaba de sobreseer el caso. ¿Qué ha pasado? Su historia reabre el debate sobre el derecho a la intimidad.

“Mi primera reacción fue un enfado monumental. Después atraviesas otras fases: vergüenza, tristeza…”.

“No me lo creía, aunque lo estuviera viendo con mis propios ojos”.

Hablan Andrea, Ylenia, Lidia…

Pero a través de sus voces resuena el eco de un centenar de mujeres que, como ellas, fueron grabadas hace cerca de dos años en las fiestas de A Maruxaina, en la localidad lucense de San Ciprián, mientras orinaban en la calle. Había varias cámaras escondidas: en los bajos de un coche aparcado, en la salida de agua de un canalón…

Instaladas con premeditación en el lugar donde los autores de las grabaciones sabían que hombres y mujeres acudirían a hacer sus necesidades ante la gran aglomeración que se produce cada año en las fiestas del pueblo y la escasez de urinarios públicos.

Cuestionable lo de miccionar en la calle, sí. Pero indignante -y mucho más preocupante- lo que ocurrió después: las grabaciones terminaron colgadas en páginas web de contenido pornográfico. Cerca de seis horas de vídeos donde se distinguen con nitidez tanto sus partes íntimas como sus rostros.

Los vídeos han sido editados para borrar los momentos en que aparecen hombres. Las víctimas lo descubrieron por casualidad y hoy luchan por que se retiren los vídeos y se dé con él o los responsables de las grabaciones.

La primera reacción de las mujeres afectadas al conocer la existencia de los vídeos (el pasado verano, un año después de que fueran registrados) fue acudir a comisaría a denunciar.

A partir de ahí se puso en marcha un juicio y hace unas semanas el juez emitió su veredicto: «Se procede a acordar el sobreseimiento provisional de la presente causa», rezaba el auto. ¿Cómo es posible? ¿Realmente pueden grabarnos en cualquier ámbito público y que esas imágenes se difundan sin nuestro consentimiento?

Mar España -directora general de la Agencia Española de Protección de Datos- responde con un rotundo no. «No es legal instalar cámaras en la vía pública. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los únicos que pueden hacerlo. Y las personas que han instalado las cámaras, ya sea en el caso de las mujeres de Galicia o en cualquier otro, no gozan de impunidad».

Y, efectivamente, es ya recurrente la aparición de noticias sobre detenciones por grabar en la calle sin consentimiento.

Hace algunos meses, la Policía Nacional detuvo a un individuo en el madrileño parque del Retiro: había instalado dos cámaras en su bicicleta y con ellas realizaba grabaciones a jóvenes por la calle, tratando de captar sus partes íntimas. A finales de abril, la Policía de Aragón detuvo a un hombre de 59 años por grabar por la calle a menores.

Tenía antecedentes y orden de alejamiento de bibliotecas y centros deportivos por el mismo motivo. Otra práctica habitual es el llamado ‘upskirting’, es decir, la toma de imágenes íntimas por debajo de la falda.

Un hombre fue detenido en León por grabar… con una cámara camuflada en el zapato. Entretanto, en las playas, en la calle o en el autobús proliferan las cámaras. No hace falta disponer de sofisticados dispositivos. Basta con sacar el móvil y disparar una foto.

El debate tuvo un momento álgido durante el estricto confinamiento que provocó la pandemia: muchos vecinos se lanzaron a grabar a otros que se saltaban las normas. Sin embargo, publicar esas grabaciones en las redes sociales infringe el derecho a la intimidad de la persona que ha sido grabada, incluso saltándose la ley.

Andrea Rodríguez, 34 años:  “Yo fui la primera en saberlo”.

«Me llamó un amigo. Vi los vídeos y fui llamando a las chicas que conocía. En uno incluso se oye la voz de los que graban, con comentarios sobre las chicas. ‘Vaya tanga más feo’ o ‘para cogerla en un portal, qué más da’. ¡Están pensando en violaciones! ¡Cuántas mujeres habrá por ahí que lleven años expuestas en vídeos similares y no lo sepan!».

 Lidia Álvarez, 23 años: “Acudí a denunciarlo con mi pareja”.

 «Fue muy incómodo. Me tocó ver todos los vídeos y esperar a que saliera el mío. Parece mentira que sigan pasando cosas así en pleno siglo XXI. Tenemos que seguir luchando para que se nos haga caso. Si no hacemos ruido para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo a otras generaciones, todo va a seguir igual. Y esto está tan organizado que da miedo».

 Sheila Delantero, 29 años: “También hay menores”.

 «Fui de las primeras en enterarme porque a unos amigos les apareció un spam sobre unos vídeos de las fiestas de A Maruxaina. Y, claro, al ser del pueblo, los vieron. Nos pusimos a ver los vídeos y a tratar de localizar al mayor número de personas posible. ¡Son seis horas de vídeo! Creo que no se le está dando la importancia que realmente tiene. Eso sí, te planteas de todo y a veces te preguntas si al darle tanto bombo no estarás dando ideas a otros para que hagan cosas parecidas».

 El juez valora que asumieron un riesgo

Entonces, ¿por qué el auto del juez considera que no hay ilícito penal en el caso de las fiestas de San Ciprián? La respuesta radica en que el magistrado considera que las mujeres realizaron una conducta que las exponía en la calle, un ámbito público. Entiende que asumieron un riesgo.

La resolución judicial hace referencia al artículo 197 del Código Penal, el cual establece que, para que haya delito, la captación de la imagen debe producirse en lugares cerrados al conocimiento externo. Como una casa o un despacho, por ejemplo.

El juez aplicó el Código Penal a raíz de las denuncias de las afectadas y de la asociación Mujeres en Igualdad Burela (Bumei), que ejerce la acusación popular. Sin embargo, «no todo tiene que ser juzgado por la vía penal», como recuerda Mar Carrasco, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Alicante.

Y añade que este «es un caso interesante porque se encuentra en el límite entre la tutela civil y la tutela penal. El juez descarta esta última por haber sido captado en la calle. Pero lo cierto es que la utilización de los artificios de grabación ha sido muy insidiosa. Aunque no es lo habitual, podría llegar a valorarse de otra manera».

Recuerda también la catedrática que la presencia de menores en las grabaciones «puede constituir pornografía infantil en cuanto que las imágenes constituyan representación de los órganos sexuales con fines principalmente sexuales».

Las penas ascienden a cinco años de prisión, o nueve si tuviesen menos de 16 años. Sin embargo, «no consta por el momento una relación oficial de menores afectadas en el procedimiento», explica José Manuel Oliveros, el abogado que representa a algunas de las denunciantes. «Es otro de los motivos por los que pensamos que el caso no debe cerrarse».

Por tanto, esta sentencia no quiere decir que cualquiera pueda grabarnos en la calle, o en una playa, y difundir esas imágenes. «El derecho a la intimidad y la protección de datos, entre los que figuran las imágenes, es de los que cuentan con un mayor nivel de tutela en nuestro sistema jurídico», sostiene la catedrática.

Y añade que «en España no estamos menos protegidos que en otros países de nuestro entorno. La normativa de protección de datos es europea. Y en algunos casos vamos por delante». En Italia, por ejemplo, no están tipificados los llamados ‘delitos de sexting’.

El Código Penal español lo incluyó a raíz de un célebre caso, el de la exconcejala toledana Olvido Hormigos, quien vio como se archivaba su denuncia por la difusión de un vídeo de contenido sexual. Grabado con su consentimiento, pero difundido sin permiso. Fue muy polémico en 2012, pero quedó impune. Más tarde, a raíz del debate suscitado, se modificó el texto legal para dar cabida a este tipo de delitos.

Volviendo a la gran pregunta que sobrevuela este reportaje – ¿qué podemos hacer si alguien nos graba sin nuestro consentimiento en la vía pública y difunde esas imágenes?-, evaluemos las opciones a nuestro alcance. Si se descarta la vía penal, nos quedan dos alternativas: la administrativa y la civil. Esta última se sustenta en la Ley Orgánica de Protección Civil del Honor, la Intimidad y la Propia Imagen.

«Es la que emplean los famosos para frenar la difusión de imágenes de paparazis, o de menores…», explica el abogado Iñaki Parente, quien fuera entre 2012 y 2016 director de la Agencia Vasca de Protección de Datos. «Pero es una ley anticuada, del año 82, que no ha tenido mucho desarrollo normativo posterior. Y para recurrir a un juzgado civil necesitas un abogado, un procurador…

Es decir, implica gastos y es un proceso largo», añade este abogado, fundador del despacho Dayntic Legal y especializado en derecho digital. Aunque es, desde luego, una vía para dar con los responsables y lograr que reciban un castigo que en absoluto hay que descartar.

Paloma Maseda, 36 años: “Se me veía hasta la cara”.

«Cuando vi el vídeo, se me revolvió el estómago. ‘Ostras, estoy colgada en varias páginas pornográficas’, pensé. Y alguien se está lucrando con esto. Da mucho miedo. Estaba perfectamente preparado. Queremos que se investigue. Es un negocio tremendo y, si no tiene consecuencias legales, estás dando un mensaje muy peligroso».

Alba Álvarez, 28 años: “¿Pueden hacer con mi imagen lo que les dé la gana?”.

«Yo sé que si estoy en la calle me expongo a que me veas, pero tú con tus propios ojos, no a que me grabes y lo difundas. Ahora estoy a tope luchando. Ahora que las empresas te hacen firmar temas de protección de datos con todo lujo de detalles, ¿cómo puede venir una persona y grabarme?».

Ylenia Hinestrosa, 37 años: “Deben encontrar a los responsables”.

«No me lo creía, aunque lo estuviera viendo con mis propios ojos. Sentí como si me acabaran de robar algo. Somos conscientes de que orinar en la calle está mal. Pero mucho peor lo que nos han hecho. Al principio piensas que lo ha hecho un vecino para darnos un escarmiento. Pero no. Son profesionales de este tipo de vídeos. Hemos visto similares en festivales de Alemania. Y muchas de esas chicas que aparecen seguramente ni lo sepan. Lo primero que buscamos es que se retiren estos vídeos cuanto antes».

Un presente plagado de cámaras

Cabe, además, la vía administrativa: recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos. Una opción que puede coexistir con las otras dos y que hoy por hoy es la manera más rápida de conseguir la retirada de contenidos delicados. Este organismo público puso en marcha hace un par de años el llamado Canal Prioritario para denunciar la publicación en Internet o redes sociales de contenidos sensibles, sexuales o violentos.

El año pasado recibieron 358 peticiones que fueron analizadas de manera urgente, tras su análisis se atendió por vía prioritaria a medio centenar de las peticiones.

El 86 por ciento fue eliminado en menos de 72 horas. En paralelo a este procedimiento de urgencia para lograr la retirada, la agencia tiene la potestad para abrir una investigación que puede saldarse con sanciones que llegan hasta los 20 millones de euros.

Si el responsable está fuera de España, se complica aún más, pero hay recursos, según explica a XLSemanal la directora de la agencia, Mar España: «Podemos solicitar medidas cautelares para la retirada de contenidos también a empresas de otros países, incluso fuera de Europa».

Porque casos como el de las mujeres grabadas en San Ciprián distan mucho de ser una excepción en este presente plagado de cámaras y dispositivos de grabación: los llevamos en el móvil, nos observan desde cámaras de videovigilancia, vuelan en drones…

Las cámaras son cada vez más pequeñas y sofisticadas. Un artilugio de apenas siete centímetros de largo y una lente del tamaño de una chincheta puede grabar con plena nitidez incluso de noche.

Este tipo de cámaras, similares a las que probablemente usaron para grabar a las mujeres que hoy se organizan bajo el hashtag #xustizaMaruxaina, no son caras. «Las venden en Amazon y cuestan 90 euros con sensor de movimiento. Son cada vez mejores y más baratas», cuenta el inspector jefe de la Brigada Móvil de la Policía Nacional en Málaga, Antonio Arcos.

A comienzos del año pasado estuvo al frente de una investigación que se saldó con la detención de un hombre y su sobrina por instalar cámaras en cuartos de baño de restaurantes de comida rápida en la provincia. Tenían 71.080 vídeos con horas de grabaciones en cuartos de baño de Málaga, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos…

Y la Policía sabe que el detenido vendió algunos de los dispositivos de grabación que preparaba meticulosamente. «Entendemos que existe alguna red de contactos entre las personas que se dedican a esto. A través de ella debieron de localizarle. También tenía 120 vídeos de pornografía infantil que había comprado».

Entretanto, las afectadas no tiran la toalla.

Han recurrido la decisión judicial porque consideran que sí existe delito contra su intimidad y que no se ha considerado lo suficiente el evidente ánimo de lucro de las imágenes grabadas sin permiso, visibles en páginas pornográficas de pago.

Al cierre de esta edición, los vídeos siguen colgados en la Red. Y ellas han visto otros similares, grabados en festivales en Alemania o en otros pueblos gallegos. «Queremos que se llegue hasta el final. Que se sepa el negocio que hay detrás de estas grabaciones -dicen-.

Y no lo hacemos solo por nosotras, sino por todas aquellas que han pasado por situaciones similares y quizá ni lo sepan. Y por las que vendrán. No vamos a parar».

Molka, el delito de grabar a mujeres en su intimidad sin que ellas lo sepan

Se conoce como “molka”, una práctica que surgió hace algunos años en Corea del Sur y actualmente está causando estragos, al exhibir en línea la intimidad femenina.

Evidentemente, es un delito y consiste en grabar a las mujeres en su intimidad sin que ellas lo sepan. Para ello, un creciente ejército de voyeristas se vale de cámaras de espionaje, que pueden esconderse en baños, relojes, zapatos, prensas de vestir, entre otros objetos.

Las imágenes que captan suelen ser difundidas en masa y, en algunos casos, comercializadas en sitios de Internet, sin el consentimiento de las mujeres. Hasta 2016, este delito reportaba al menos un incremento de 1.000 a 6.000 casos, de acuerdo con un trabajo especial de la agencia AFP.

Quienes colocan estas cámaras son personas con vidas “normales”, jóvenes y hombres con trabajos regulares de todos los estratos sociales.

Respeto por los derechos de la mujer

Para rechazar esta morbosa práctica, unos 30.000 activistas salieron a las calles de Seúl para exigir respeto por los derechos de las mujeres y mostrar su indignación frente a la industria pornográfica de las cámaras escondidas.

La movilización se convirtió en la más grande en la historia de Corea del Sur y sirvió, además, para repudiar el doble estándar con el que los policías hombres investigan y condenan el referido delito.

Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como “Mi vida no es tu porno”, “Quiero poder bajar la guardia cuando entro al baño”, entre otros, según reseña El Espectador.

Cazadores de cámaras ocultas

En el país asiático existe un bloque de búsqueda denominado “Cazadores de cámaras ocultas”, encargado de revisar con detectores de metales los baños públicos para ubicar los pequeños aparatos con que las graban. Sin embargo, las víctimas alegan que el Gobierno ha fallado a la hora de protegerlas.

En Corea del Sur quienes incurren en este delito enfrentan multas de hasta 9.000 dólares o una sentencia máxima de prisión de cinco años. No obstante, algunos delincuentes terminan pagando multas muy bajas y, en la mayoría de los casos, el delito queda impune.

En un esfuerzo por atender las peticiones, el presidente Moon Jae-in pidió castigos más severos para los responsables, mientras que los activistas exigen a la policía a investigar adecuadamente todas las acusaciones de “molka”.

Un combate difícil

A pesar del apoyo del Gobierno, las autoridades de ese país niegan neglicencia a la hora de abordar los casos que investigan. Wee Eun-jin, directora del Comité de los Derechos de las Mujeres en «Abogadas para una Sociedad Democrática», dijo: “Hay casos en los cuales no se inició ninguna acción contra un sospechoso porque las grabaciones eran de las piernas o las nalgas cubiertas de las víctimas, y los jueces creyeron que esto no podría haber causado sentimientos de humillación”.

En una entrevista con el Korea Exposé, el Instituto de Criminología de Corea denuncia que no son solo videos de relaciones sexuales, “hay videos de mujeres haciendo sus necesidades en baños públicos, fotos de mujeres en bikini o caminando desnudas en sus casas”.

En este contexto, se debe tener en cuenta que Corea del Sur es un país que se muestra muy orgulloso de sus avances tecnológicos, pues alrededor del 90% de sus 50 millones de habitantes tiene un teléfono inteligente, una de las tasas más elevadas del mundo y un aspecto que juega a favor de los delincuentes que recurren a estos artilugios para saciar su morbo.

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